Con estupor –por decir lo menos- escuché las declaraciones públicas de José Luis Gandarillas, asesor general de la Gobernación de Tarija, en las que, entre otros aspectos decía: “La Gobernación (de Tarija) no tiene la obligación de ayudar económicamente al vecino”, en referencia a la recientemente sancionada ley departamental que establece la transferencia del 1% de recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas a cada uno de los 8 municipios siguientes: San Lorenzo, El Puente, Yunchará, Uriondo, Entre Ríos, Padcaya, Bermejo y Tarija (Cercado).
Con estas declaraciones, el referido asesor, está diciendo que estos 8 municipios no son Tarija, sino vecinos de Tarija, razón por la que la Gobernación no tiene ninguna obligación con ellos. Con semejante razonamiento se entiende el rechazo a ley de transferencia de recursos a favor de los referidos municipios, así como la calificación de traidores a Tarija a quienes la impulsaron y la defienden, expresado por las principales autoridades de la Gobernación.
Recordemos que los opositores a la ley de transferencia de recursos a favor de los municipios, son los mismos que en la época neoliberal aplaudían y celebraban el saqueo a Bolivia y a Tarija por parte de las transnacionales, quienes se llevaban el 82% de los recursos provenientes de la explotación hidrocarburífera, y que ahora alzan el grito al cielo con innumerables rechazos y protestas porque se asigna el 1% de las regalías departamentales para cada municipio no chaqueño. ¿A favor de quiénes están?
Otro de los argumentos esgrimidos para oponerse a la referida Ley, es que ésta sería inconstitucional. Para iniciar el análisis de este argumento, veamos lo que Roberto Ruiz Bass Werner, nos recuerda: “El 29 de abril de 2005, el entonces parlamentario y hoy asambleísta de UDA, Wilman Cardozo, celebraba ruidosamente haberle arrancado al gobierno de entonces (…) la Ley 3038”. Eso ocurrió cuando Mario Cossio, era presidente de la Cámara de Diputados y el actual gobernador, Adrián Oliva, era Viceministro de Gobierno. (Tumpa Pire: La Ley de Transferencia del 1%: ¿Quién traiciona a quién?)
«Recordemos que los opositores a la ley de transferencia de recursos a favor de los municipios, son los mismos que en la época neoliberal aplaudían y celebraban el saqueo a Bolivia y a Tarija por parte de las transnacionales»
Y ¿Qué dispone la Ley 3038? Además de asignar de forma permanente el 45% del monto total recibido por concepto del 11% de regalías petroleras del Departamento de Tarija a la provincia Gran Chaco, dispone la transferencia del 20% de esos recursos a los municipios de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí para ser invertidos en salud y educación, transferencia que se ejecuta desde hace 12 años de manera ininterrumpida.
Para tener claro el monto de transferencias que se realiza a cada municipio del Chaco haremos un ejercicio tomando como base los recursos programados por concepto de regalías de la gestión 2017. Los ingresos programados por regalías del departamento de Tarija ascienden a Bs. 1.300.441.180,00. De ese monto el 45% va al Gran Chaco, lo que significa Bs. 585.198.531,00. Del monto destinado al Gran Chaco, el 20%, o sea Bs. 117.039.706,20 se asigna a los 3 municipios chaqueños, correspondiendo a cada uno Bs. 39.013.235,40.
En resumen, cada municipio chaqueño recibe una transferencia que significa el 3% del total de los ingresos programados por concepto de regalías de nuestro departamento. ¿Quiénes han gestionado y celebrado eso? Justamente los que ahora se rasgan las vestiduras porque se asignó el 1% (Bs. 13.004.411,80) para cada uno de los municipios no chaqueños. Si la asignación del 3% para cada uno de los municipios chaqueños es constitucional, ¿Por qué tendría que ser inconstitucional la asignación del 1% al resto de municipios?.
Por otro lado, el Estatuto Autonómico Departamental, prevé la realización de transferencias de recursos a las entidades territoriales autónomas del departamento (municipios) en cumplimiento de las leyes, como podemos constatarlo en el numeral 2, del artículo 77, que textualmente dispone: “Las transferencias que otorgue el Gobierno Autónomo Departamental a las Entidades Territoriales, Entidades Autonómicas Dentro del Departamento de Tarija serán asignadas en el marco de las Leyes, el presupuesto departamental y de manera concurrente cuando corresponda”. Por tanto, las transferencias están plenamente legalizadas por el Estatuto Departamental.
Otro de los argumentos es que las transferencias que dispone esta Ley van a generar la quiebra de las finanzas de la Gobernación, lo que tampoco es cierto. Como la ley sólo dispone para lo venidero, en la presente gestión 2017, se aplicará desde el mes de abril, por lo que hasta fin de año las transferencias significarán Bs. 78.026.470,80. Pero la gobernación ya tiene presupuestado transferir a los 8 municipios Bs. 80.000.000,00; entonces ¿Cómo puede haber quiebra de la gobernación, si ya está incorporado en el presupuestado 2017 un monto mayor al que le obliga la ley de transferencias?
Si bien para la gestión 2018 y siguientes, por tratarse de gestiones completas, las transferencias subirán a Bs. 104.035.294,40 para los 8 municipios, debemos recordar que el gobernador Adrián Oliva, ha firmado convenios comprometiendo transferencias a los municipios por un monto de Bs. 177.298.894,00; es decir, mucho más de lo que le obliga la ley y no dijo que iban a significar la quiebra de la Gobernación.
La ley se justifica por el incumplimiento de las transferencias comprometidas por la Gobernación, cuyas autoridades no tienen la menor voluntad de trabajar con los municipios. La gobernación, por convenios suscritos hasta el 2015, debía transferir a los 8 municipios la suma de Bs. 250.362.568,00; de ellos, la gobernación en 2016, ha programado la transferencia de Bs. 103.671.418,00; pero sólo ha ejecutado la transferencia de Bs. 16.791.945,00; es decir el 16% de lo programado.
En el caso del municipio de Cercado, por convenios firmados hasta el 2015, la gobernación debía transferir Bs. 16.301.642,00; de lo que en 2016 presupuestó la transferencia de Bs. 11.546.781,00, pero sólo ejecutó la transferencia de Bs. 1.648.377,00; es decir el 14% de lo presupuestado. (Informe de la AMT). Esta realidad demuestra que no es cierto que les preocupe la equidad en las transferencias de recursos a los municipios, porque siendo Cercado el municipio con mayor población del departamento fue el quinto en cuando al monto efectivamente transferido.
Pero, por sí hacia adelante a la administración de la gobernación le preocupara la equidad, corresponde recordarle que el parágrafo II. del artículo 3 textualmente dispone: “Independientemente de estos recursos, el Órgano Ejecutivo Departamental deberá asignar más recursos para proyectos concurrentes con cualquiera de los municipios con mayor población”. Por tanto está en manos de la gobernación buscar una mayor equidad en las transferencias a los municipios.
Cuando reclamamos, por la reducida transferencia al municipio de Cercado en la gestión 2016, nos han dicho que el incumplimiento se debe a la reducción de los ingresos de la gobernación, argumento que no resultó válido cuando constatamos que la gobernación de Tarija tuvo Bs. 180.000.000,00 como saldo en sus cuentas al 31 de diciembre de 2016, siendo la tercera con mayores saldos entre las 9 gobernaciones. Esto nos demuestra que no se transfirió los recursos comprometidos a Cercado porque no se tuvo la voluntad de hacerlo.
Por otro lado, el que la gobernación de Tarija, en la gestión 2016, no haya ejecutado Bs. 180.000.000,00, demuestra que la cantaleta de la supuesta crisis no es tal, o por lo menos no es en la proporción que la presentan las autoridades de la gobernación.
En base a esta breve evaluación de la situación, llegamos a las conclusiones siguientes:
- Las autoridades de la gobernación están cumpliendo las acciones definidas en el Plan Estratégico para Bolivia de 5 de octubre de 2015, orientado a la desestabilización del gobierno del presidente Evo, con la cantaleta de la crisis y la generación de todos los conflictos posibles.
- Las actuales autoridades de la gobernación, luego de casi dos años de gestión, demuestran que son las más centralistas de los últimos tiempos, por lo que el virulento discurso autonomista no pasa de ser un eslogan movilizador de la población en contra del nivel nacional.
- Con toda la campaña de una supuesta crisis económica, buscan justificar una política contraria a los sectores populares, como el cierre del CODEPEDYS, la supresión del apoyo a niños de 0 a 6 años, la negativa a cumplir con la Ley del PROSOL, etc.
- Finalmente, con este tipo de acciones buscan encubrir la incapacidad e ineficiencia en la gestión de la gobernación, evidenciado porque en 2015 se tuvo la más baja ejecución, y en 2016, se tuvo la segunda más baja ejecución entre las 9 gobernaciones; así como el incumplimiento de las normas en la elaboración del POA, el incumplimiento de requisitos para acceder a lo que solicitan o el extremo de dirigir cartas a instancias diferentes de las que deben atender los temas planteados, etc.
