Recientemente se aprobó la Ley que transfiere el 8% de las regalías departamentales hacia ocho municipios (uno por ciento para cada uno), generando un nuevo motivo para profundizar la confrontación y una oportunidad para disimular una administración 100% ineficiente.
La acertada ley constituye una política departamental que profundiza la democracia, consolida la autonomía, incrementa la participación y el control social de los habitantes. Sobre todo es una ley liberadora, evita el sometimiento político e institucional de los alcaldes a la voluntad del gobernador, que se traduce en la distribución desigual de los recursos departamentales; anula el sistema de premios y castigos a municipios, según su grado de sumisión. A pesar de la insuficiente suma a ser transferida, la ley devuelve a los habitantes de cada municipio el derecho a decidir la construcción de su futuro, conforme a sus creencias, sueños y aspiraciones.
El vapuleo injusto de la ley por sus implicaciones financieras obliga a realizar una revisión sobre aplicación de recursos de la Gobernación los últimos años de gestión. Según el nivel de ingreso actual la ley permitirá a los municipios contar con 13 millones de bolivianos cada uno; un total de 104 millones para los ocho. El Gobierno Departamental presupuestó como transferencias a los Municipios 106 millones la pasada gestión y 96 para la gestión 2017, por lo tanto la ley no demanda recursos adicionales para su cumplimiento. Endilgarle la paralización de proyectos como el oncológico, materno infantil, tramo de carretera al chaco y otros, es un embuste puesto que estas inversiones se mantienen en el presupuesto con los montos asignados por la Gobernación.
Por otro lado, la ley que se cuestiona injustamente, dispone que los recursos transferidos sean utilizados únicamente en inversión y como fondos de contraparte en convenios intergubernativos con el nivel central del Estado y la propia Gobernación. Esta política de inversión municipal, consolida a los alcaldes como gestores de recursos adicionales, incrementado la inversión departamental y con ello la generación de fuentes de empleo.
« Endilgarle la paralización de proyectos como el oncológico, materno infantil, tramo de carretera al chaco y otros, es un embuste puesto que estas inversiones se mantienen en el presupuesto con los montos asignados por la Gobernación«
Entonces, si la Ley profundiza la autonomía, no requiere recursos adicionales e incrementa la inversión departamental; porque es tan cuestionada por las autoridades departamentales?.
La administración departamental está llegando a niveles de ineficiencia insostenibles, la ley del 8% resulta tierra fértil para camuflar una desastrosa gestión financiera. En efecto, la estructura del gasto en la gobernación deja en evidencia el factor clave y verdadero origen de su catástrofe.
El gasto corriente de la Gobernación (sueldos, servicios y materiales) para el 2017, alcanza cerca de 800 millones de bolivianos que representa un impresionante 37% del gasto total. La sorpresa es mayor cuando se evidencia que en la denominada “época de bonanza” (2014) este gasto alcanzaba al 27%.
Los ingresos departamentales bajaron en un 60%, se espera que la primera acción correctiva sea disminuir este gasto en igual medida, recobrando 660 millones de bolivianos anuales para inversión, evitando la paralización de obras, conflictos sociales, quiebra de empresas, disminución del empleo, entre otros efectos. Para alcanzar el nivel de eficiencia del 2014, la gobernación debe liberar 300 millones anuales del gasto corriente.
Esta durísima realidad, hace que el espacio de la confrontación y las medias verdades, sean el camuflaje ideal para encubrir la ineficiencia; sin embargo, recurrir sistemáticamente y ante cualquier problemática a este método, está causando un profundo debilitamiento del tejido social de la región. Movilizar las instituciones contra sus propios hermanos del Departamento, negándoles una mínima suma de dinero para su desarrollo, es un extremo que debiéramos evitar.
Por supuesto, deberíamos tener claro que la máxima expresión del despilfarro y la dilapidación de recursos es un excesivo gasto corriente, que además incrementa la burocracia y los supernumerarios, bajando la productividad y dando lugar a un descontrol institucional generalizado.
La Gobernación debería entender a la ley del 8% como una oportunidad para concertar políticas de desarrollo con nuestros municipios, consolidando las ciudades intermedias para optimizar la ocupación espacial del departamento con el mínimo impacto ambiental. Poner en práctica un agresivo programa para reducir significativamente el gasto corriente es lo que la racionalidad exige, contrario al “plan confrontación” que nos aleja de las provincias.
El 8% de igualdad es producto del 100% de ineficiencia
