El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, informó sobre los principales acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional, entre ellos la renegociación de deudas municipales, la revisión de recursos del Fondo de Exploración Petrolera, la devolución de competencias y la atención al impacto económico generado por el incremento del diésel.
Respecto a las obligaciones que mantienen los municipios con entidades como la Caja Nacional de Seguridad Social, la Gestora y el FNDR, Torres informó que se acordó ampliar los plazos de los créditos y analizar cada caso de manera individual.
“Eso ya está acordado, se está básicamente duplicando los plazos para los créditos, pero en todo caso es analizando uno por uno, por ahí algunos pueden tener más”, explicó.
En relación con el 12% del Fondo de Exploración Petrolera, señaló que el Gobierno tendrá 15 días para establecer los saldos existentes y definir el tratamiento de estos recursos.
“El pedido es, ya no se descuenta el 12% y se va devolviendo gradualmente estos recursos”, sostuvo.
Otro de los acuerdos contempla la devolución paulatina de competencias que corresponden al Gobierno Nacional y que actualmente son asumidas por los gobiernos municipales. Torres mencionó entre los ejemplos el Fondo Cívico Patriótico y cuestionó el uso que, según afirmó, tuvo durante el gobierno del MAS.
Uno de los principales temas de la reunión fue el incremento del precio del diésel y sus efectos sobre la población. La FAM planteó al Gobierno la necesidad de establecer medidas que eviten trasladar el impacto directamente a los sectores de menores recursos.
“Estamos preocupados porque estas medidas no pueden cargarse sobre los más pobres”, manifestó Torres.
El Gobierno informó sobre el incremento de 100 bolivianos al bono Juancito Pinto y la creación del bono PP2. Sin embargo, el alcalde consideró que estas medidas no compensan el impacto económico generado por el aumento del combustible.
“Esas medidas de mitigación son insuficientes. Y nosotros esperamos que el Gobierno Nacional pueda expresar medidas que estén a la altura del incremento del diésel. El diésel ha sido incrementado en el 500%”, afirmó.
Torres indicó que los municipios dispondrían de recursos para adquirir combustible hasta finales de octubre y que, por ello, los 15 días establecidos para presentar una propuesta no generarían un efecto inmediato. La preocupación se concentra en el escenario posterior a ese periodo.
En ese sentido, informó que el Gobierno deberá plantear recursos adicionales para los municipios, mientras que también se analiza el impacto del incremento de costos sobre las obras municipales.
El alcalde señaló que los proyectos en ejecución enfrentan solicitudes de reajuste debido al encarecimiento de los materiales utilizados en las obras.
“El cemento está al doble, el fierro, todas las cosas que son utilizadas cotidianamente para las obras”, indicó.
Sobre las tarifas del transporte público, Torres explicó que el municipio debe considerar las variaciones registradas en los distintos componentes de la estructura tarifaria y aplicar la normativa correspondiente.
“Básicamente el diésel ha subido en el 500%, el diésel es el 30% de la incidencia de la tarifa. El salario del conductor es el 20% de la tarifa”, detalló.
Añadió que el salario mínimo pasó de 2.800 a 3.300 bolivianos, mientras que la estructura contempla además porcentajes destinados a reposición de maquinaria, compra de repuestos y mano de obra para mantenimiento.
Ante este escenario, Torres afirmó que cualquier modificación deberá considerar a los dos sectores involucrados: transportistas y usuarios.
“Nosotros vamos a velar para que el ajuste a la tarifa sea justo para el operador como para el usuario, para ambos lados. Nosotros somos el fiel de la balanza”, sostuvo.
Asimismo, señaló que las juntas vecinales plantearon discutir cómo deben ajustarse las instituciones del Estado, incluidas las instancias departamentales y municipales.
Consultado sobre una eventual reducción de salarios en la Alcaldía, Torres aseguró que personalmente no tendría inconveniente y mencionó que percibe un salario de 11.000 bolivianos.
Sin embargo, explicó que las disposiciones laborales vigentes dificultan aplicar reducciones salariales en los municipios, debido a las consecuencias legales que podrían generar.
“Hoy por hoy no se le puede bajar sueldos a nadie porque es despido indirecto, y para despido indirecto hay que pagar beneficios sociales”, señaló.
Finalmente, sostuvo que los municipios no pueden aplicar esa medida bajo las actuales condiciones legales y que una modificación de las normas permitiría considerar esa posibilidad.
“Los municipios no lo podemos hacer, no se puede hacer eso, salvo que el Gobierno cambie las leyes, y si las cambia, con gusto lo haríamos”, concluyó.
