El ingeniero José Luis Alzugaray, impulsor de la Acción Popular para proteger el río Guadalquivir, informó que presentó una impugnación contra el cumplimiento parcial de la resolución emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, al considerar que las instituciones involucradas no cumplieron con lo dispuesto para atender la contaminación de toda la cuenca.
La resolución judicial establece que cinco instituciones deben conformar una comisión en un plazo de cinco días y presentar, en un máximo de 30 días, un plan de acción conjunto y mancomunado para atender la problemática ambiental del río Guadalquivir. Sin embargo, Alzugaray cuestionó que la documentación presentada se limite a una propuesta relacionada con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Luis.
“Hay que recordar a la población que la resolución es clara del tribunal: cinco días para que estas cinco instituciones conformen una comisión y 30 días para que estas cinco instituciones, de manera conjunta y mancomunada, presenten un plan de acción para la cuenca del río Guadalquivir”, manifestó.
El impulsor de la Acción Popular señaló que únicamente se presentó un plan elaborado por Cosaalt, que además se encontraría parcialmente ejecutado y paralizado por dificultades técnicas. Asimismo, cuestionó la participación de la Alcaldía de Tarija y la Gobernación, cuyos técnicos habrían suscrito el documento, sin la firma de las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE).
Según Alzugaray, esta propuesta contempla exclusivamente la atención de la PTAR de San Luis y las lagunas de oxidación, dejando de lado el alcance integral de la acción judicial, que busca establecer medidas para reducir la contaminación en toda la cuenca del río Guadalquivir.
“Y la petición en la Acción Popular no era solamente San Luis, arreglando San Luis o minimizando las lagunas de oxidación no vamos a solucionar nada. Entonces aquí era para que se atienda toda la cuenca del río Guadalquivir, todo: las quebradas que están contaminando, los barrios que están contaminando, los hospitales que están contaminando, San Lorenzo que está contaminando”, enfatizó.
En ese sentido, sostuvo que el plan presentado no responde a lo establecido por el Tribunal Constitucional, debido a que no contempla una intervención integral ni refleja el compromiso conjunto de las cinco instituciones responsables de participar en la atención de esta problemática ambiental.
Ante esta situación, Alzugaray informó que decidió impugnar el cumplimiento presentado y solicitar una audiencia virtual pública, con el propósito de debatir las observaciones y exigir que las entidades involucradas asuman formalmente sus responsabilidades mediante la presentación de un plan debidamente respaldado.
Identificó entre las cinco instituciones al Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, al que señaló como responsable directo por tratarse de una competencia exclusiva; al Gobierno Autónomo Departamental, en su condición de autoridad ambiental; a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS); al Ministerio de Medio Ambiente; y a Cosaalt.
Al respecto, insistió en que el documento debe contar con las firmas de las máximas autoridades ejecutivas de las cinco instituciones, además de incorporar presupuesto y cronograma de ejecución, para garantizar que las acciones propuestas tengan respaldo institucional y permitan atender la contaminación en toda la cuenca.
“Son esas cinco las instituciones que deberían sus MAE haber firmado y presentado con presupuesto, con cronograma, y no el plancito este que han presentado simplemente para la PTAR de San Luis”, cuestionó.
Finalmente, Alzugaray advirtió que, si el Tribunal no atiende la impugnación y las instituciones continúan incumpliendo la resolución judicial, solicitará que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para el inicio de una acción penal contra quienes correspondan.
“Están incumpliendo una resolución. Entonces, con esta impugnación vamos a esperar a ver quién nos responde el Tribunal; si no nos escucha, vamos a exigir que se remitan los obrados al Ministerio Público para que se inicie una acción penal, porque no podemos seguir permitiendo que nuestras autoridades sigan incumpliendo lo que incluso la justicia determina”.
