por: Raul Pino-Ichazo Terrazas
Todo ciudadano se interroga pues es un potencial sujeto a someterse a la justicia por determinada circunstancia eventual o provocada: ¿Por qué si existen códigos que necesariamente deben ser estudiados en la universidad, meditados e interpretados diariamente en el ejercicio de la profesión, las sentencias en su mayoría son injustas? la respuesta directa y sin eufemismos de la población que sufre estos desatinos judiciales transformando la vida de los litigantes, es que la justicia esta contaminada por la corrupción que la introducen para su beneficio personal los propios operadores de justicia (no todos) y los maquiavélicos consorcios de abogados, que practican esta colusión con los jueces. Hacen valer o asignan prevalencia al dinero en la decisión a favor del mas pudiente, que es normalmente es que no tiene la razón y paga por la sentencia.
Empero, ante esta cruel y deshumanizada realidad que, solo y exclusivamente, se podrá reformar, no con dinero, sino desde abajo formando a los jóvenes egresados para futuros jueces; que ostentaran a su favor haber vencido con profunda comprensión, convicción e intelección, la deontología, sindéresis de todo buen abogado y juez y la práctica de la conciencia moral; haber consumido innumerables horas de estudio para aprehender y que sea una inherencia personal, la Filosofía Jurídica y los sistemas de interpretación de las leyes, a aplicar en toda su vida, con las debidas actualizaciones que debe incorporar a su destreza y habilidad académicas, para saber hacer en el Derecho.
Todos sabemos que ningún juez o jueza está obligado a darle la razón a la parte pretendiente pero: ¿Se cumple disciplinadamente esta condición? no, que debía ser la regla, pero el juez está constreñido a indicar a las partes las razones de su sinrazón.
Esta exigencia de fundamentar, de basar el fallo o sentencia en apreciaciones fácticas y jurídicas, es una garantía para la impartición de justicia que deviene, en esencia de dos principios: la imparcialidad y la impugnación privada. La motivación, en este artículo resumido para mejor intelección de los lectores, se relaciona con el principio de imparcialidad, pues la fundamentación de una sentencia es el único rastro que posibilita comprobar si el juzgador ha resuelto imparcialmente la controversia.
Esta motivación, vital en su importancia, permite a las partes conocer las causas por las que la pretensión que se planteó fue restringida o denegada, acción que da opción al agraviado por la decisión del juez, pueda impugnarla, posibilitando así el control por parte de los órganos superiores de justicia y el irrenunciable derecho a la defensa.
¿Por qué esta finalidad o teleología de la motivación? porque los jueces deben comunicar a todos los ciudadanos las razones de su sentencia; en tanto emana del pueblo la justicia que los jueces ejercen. También se dirige a otorgar a las partes la información necesaria para que estas, en caso se consideren agraviadas por una decisión no definitiva, opten por la impugnación e igualmente se erige el control de lazada sobre la decisión recurrida.
El examen de las motivaciones tan alentadora y a su vez conmovedora por la búsqueda de la verdad y su credibilidad, es triple, debido a que involucra como destinatarios de la misma, no solo a las partes y a los órganos jurisdiccionales, sino también a la COMUNIDAD en su conjunto, que ejerce una inviolable supervisión de la que se deriva la legitimidad del control superior que obliga a la juez a adoptar obligadamente la racionalidad expresa, que es la proporcionalidad en la justicia, y la conciencia moral.
Abogado, posgrados en Filosofía y Ciencia Política, Arbitraje y Conciliación, Alta Gerencia para abogados, docencia en Educación Superior, Interculturalidad y Educación Superior, doctor honoris causa en Humanidades, profesor universitario en pre y posgrado, autor del libro ITER PROCESALIS ARBITRAJE Y CONCILIACION, dos ediciones.
