La representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Tarija (APDH), Yolanda Herrera, expresó su condena al asesinato de Mauricio Aramayo, señalando que el hecho interpela de manera directa al sistema de justicia y a las instituciones de protección. “El asesinato de Mauricio Aramayo es una situación que está interpelando a todas las autoridades de justicia y protección”, afirmó, subrayando la gravedad del crimen en un departamento que históricamente ha sido reconocido por su seguridad.
Herrera remarcó, de manera indirecta, que el impacto del hecho resulta aún más preocupante por el contexto en el que se produjo. Según sostuvo, Tarija es “un departamento como el nuestro que es reconocido a nivel internacional, es un departamento donde hay un nivel de seguridad y baja criminalidad”, características que contrastan con la violencia del suceso. Desde esa perspectiva, aseguró que la situación no puede ser normalizada ni minimizada.
“Como Asamblea de Derechos Humanos nosotros condenamos este tipo de acciones”, señaló de manera directa, enfatizando la postura institucional de rechazo absoluto frente a hechos violentos que atentan contra la vida. Asimismo, exigió que el proceso investigativo sea asumido con la mayor responsabilidad y coordinación entre las entidades competentes.
Herrera pidió explícitamente que tanto la Policía como la Fiscalía actúen sin demoras ni parcializaciones. “Pedimos que la Policía, la Fiscalía realicen las investigaciones correspondientes tanto para dar con autores materiales como intelectuales de lo que ha acontecido”, sostuvo, remarcando que el esclarecimiento debe abarcar no solo a los ejecutores del crimen, sino también a quienes pudieron haberlo planificado o instruido.
La representante subrayó también que el derecho a la vida debe prevalecer por encima de cualquier diferencia ideológica. “Independiente de la postura política de la víctima, todo ser humano tiene derecho a la vida”, afirmó de manera directa, rechazando cualquier lectura que intente justificar o relativizar el asesinato por la condición política de la víctima.
De manera indirecta, también expresó su preocupación por el precedente que deja el hecho para la convivencia social en el departamento. “No puede ser que en nuestra Tarija se estén dando este tipo de situaciones que son atentatorios contra la vida de las personas”, sostuvo, reiterando que este crimen representa una amenaza a los principios básicos de derechos humanos, a la paz social y a la imagen de seguridad que caracteriza al departamento.
Herrera concluyó remarcando que el asesinato no solo vulnera a una familia, sino a toda una sociedad que ha construido su identidad sobre la seguridad y la convivencia pacífica. “No puede ser que en el departamento como el nuestro… se den este tipo de situaciones”, insistió, reafirmando que la justicia tiene la obligación de investigar y responder ante el hecho con celeridad, rigurosidad y sin sesgos políticos.
