Yolanda Herrera, responsable de la comisión permanente de Defensa de los Derechos Humanos en Tarija, ha alzado su voz en defensa de los comunarios, de Chiquiaca exigiendo el respeto a sus derechos fundamentales y denunciando lo que considera una criminalización de la protesta social.
El conflicto se originó cuando YPFB, intentó ingresar al cantón de Chiquiacá para avanzar con el proyecto exploratorio Domo Oso X3. Los comunarios, preocupados por el impacto ambiental en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, se opusieron a este ingreso los días 1 y 2 de octubre de 2024.
Como respuesta, YPFB, a través de su representante legal Marcos Carlos Navarro Morales, presentó una demanda contra 20 comunarios por “atentados contra la libertad de trabajo” e “impedir o estorbar el ejercicio de funciones”.
Nelly Coca, dirigente del cantón Chiquiacá, expresó su preocupación y confusión ante la situación: “YPFB nos está demandando a nosotros, no sabemos qué hacer. Ellos no obedecen lo que las comunidades acordamos. No somos 20 comunarios que estamos obstruyendo, somos todo el cantón en sí”.
Coca también denunció irregularidades en el proceso de notificación, señalando que los documentos fueron entregados a personas al azar, incluso con nombres y apellidos incorrectos.
