Ni los unos, ni los otros, ni los del MAS-IPSP ni los demás, les interesa las áreas protegidas cuando están en función de Gobierno, y pese a la lucha del pueblo boliviano para defender nuestro patrimonio natural y cultural, para protegerlas, pese a estar constitucionalizada su protección, se las sigue vulnerando por los gobiernos de turno:
- El pueblo boliviano pidió Asamblea Constituyente para proteger las áreas protegidas, para que los recursos naturales sean de los bolivianos y bolivianas y no del “Estado” porque a nombre de “Estado” todos los Presidentes hicieron lo que quisieron con nuestra madre tierra.
- En la Asamblea Constituyente, se constitucionaliza que es deber de todo boliviano y boliviana proteger y defender los recursos naturales y un medio ambiente adecuado ( Art. 108 numerales15 y16 de la CPE), que es función del Estado a través del poder público (Art. 12.I de la CPE) promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales con la conservación del medio ambiente (Art. 9 numeral 6 de la CPE), que comete traición a la patria quien viole el régimen de los recursos naturales (Art. 124.I numeral 2 de la CPE), y que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible, imprescriptible del pueblo boliviano (Art. 349.I de la CPE), no de los gobernantes de turno.
- Y en relación a las áreas protegidas, se fue claro en la Constituyente, que “constituyen un bien común y forma parte del patrimonio natural y cultural del país. (Art. 385.I de la CPE.
- Y de ahí que se estableció la institución de defensa, dándole el poder al Procurador o la Procuradora que tiene el deber de defender el patrimonio del pueblo boliviano y no a los mandatarios de turno. Por ello, es que la Procuraduría General del Estado tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado (Art. 229 de la CPE) y es su función defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado (…) en resguardo de la soberanía, de los bienes, del patrimonio e intereses del Estado (Art. 8 de la Ley 64) por lo tanto es su deber y su función asumir la defensa judicial y extrajudicial de las áreas protegidas, porque son patrimonio del país.
En los hechos, no es así, y para demostrar ello, como prueba, el 26 de noviembre de 2019, a los pocos días de que asumió el gobierno Jeanine Añez, presenté el memorial solicitando al nuevo Procurador General del Estado que asuma la defensa de las áreas protegidas y abrogue el Decreto Supremo N 2366 que ordena la exploración y explotación de todas las áreas protegidas porque es el decreto que permite la suscripción de los contratos y el ingreso de la petrolera a Tariquía.
La copia del memorial fue presentado al Comité Cívico, al ex Ministro de Hidrocarburos, a la Ministra de Medio Ambiente del Gobierno de Añez, pero JAMAS respondieron nada, les pedí que se sumen a mi solicitud de defensa, y pese a que el Procurador era de su misma línea política, jamás dijeron nada, peor la Procuraduría, ni respuesta me dio en más de un año.
Como ganó el MAS-IPSP, lo primero que hizo el nuevo Procurador del Estado, ex asesor de Evo Morales, rechazó la solicitud de defensa de las áreas protegidas señalando que no “es posible atender su denuncia” (nota PGE-DESP-SPDRLE-DGDDHMA No 001852), respuesta que era lógica en razón que quien había promulgado el Decreto Supremo fue Morales, su ex cliente, y porque además de la abrogación se pedía que se inicie proceso penal por traición a la patria al ex presidente y a los ex ministros.
De manera que a quienes están utilizando el tema de TARIQUIA, para hacer campaña, que no sean hipócritas, que no sigan mintiendo a nuestro pueblo con sus caras de defensores de la democracia, de defensores de Tarija, de defensores de TARIQUIA, mentira similar al tema autonómico en el que jamás presentaron una propuesta real sobre autonomía departamental en la Asamblea Constituyente, pero se siguen vanagloriando.
Porque en los hechos han gobernado con Añez, y no hicieron lo que debieron hacer, no abrogaron el D.S. 2366 teniendo la posibilidad de hacerlo porque no estaba el MAS-IPSP gobernando no necesitaban más que voluntad de defender nuestras áreas protegidas. Y para los que son del MAS-IPSP que en la campaña señalan que defenderán Tariquía para obtener votos, les desafío que como tienen el poder de hacerlo, que abroguen el D.S. 2366 y en base a ello anulen los contratos con la petrolera, aunque ya demostró el Presidente Arce en Chiquiaca que no tiene intención de retroceder en la exploración dado que no quiso firmar el acta que una activista que defiende Tariquía le pidió que lo haga.
Así que pido a ambos candidatos a la Gobernación, dejen de mentirnos.
por: Magda Lidia Calvimontes Calvimontes
