Una menor de edad que estaba desaparecida desde el 3 de noviembre fue rescatada de un domicilio en San Lorenzo, donde presuntamente permanecía retenida contra su voluntad y habría sufrido agresiones sexuales por parte de varias personas. El operativo permitió la aprehensión de un sospechoso y el arresto de otras dos personas, mientras el Ministerio Público continúa investigando la posible participación de más involucrados y la existencia de otras víctimas.
El fiscal departamental de Tarija, Aníbal Cabezas, informó que la investigación se inició después de la desaparición de la menor, denunciada el 3 de noviembre, por lo que se abrió una causa por el delito de trata de personas. A partir de información obtenida sobre su posible ubicación en el municipio de San Lorenzo, efectivos de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Boliviana se trasladaron hasta ese municipio para realizar las verificaciones correspondientes.
De acuerdo con el relato proporcionado los investigadores durante el operativo, inicialmente se verificó un domicilio sin resultados. Posteriormente, en el mismo sector, se logró identificar el inmueble donde se encontraba la menor. Cuando su padre comenzó a llamarla por su nombre desde el exterior, la niña respondió a sus llamados, lo que permitió a los policías ingresar al lugar y encontrarla en una habitación pequeña, recostada sobre una cama y en condiciones de debilidad.
El fiscal explicó que, después del rescate, se realizaron diferentes actuaciones investigativas para identificar a las personas que habrían participado en el hecho y establecer las circunstancias en las que la menor fue trasladada hasta San Lorenzo y mantenida en el inmueble.
“Se ha podido obtener información contundente respecto al paradero de esta señorita, es por eso que personal policial de la ciudad de Tarija el día de ayer se ha trasladado al municipio de San Lorenzo, se ha podido ingresar a algunos domicilios donde se ha podido dar con el paradero de la menor de edad”, señaló Cabezas.
La autoridad detalló que, como resultado de las primeras intervenciones, dos personas fueron aprehendidas, entre ellas el propietario del inmueble. Posteriormente, se ejecutaron dos allanamientos, durante los cuales se identificó a otros posibles participantes. Tres personas fueron arrestadas en esta nueva etapa, una de las cuales ya fue puesta en calidad de aprehendida, mientras se define la situación jurídica de las otras dos.
Según los antecedentes expuestos por el fiscal, la menor habría sido captada mientras caminaba y posteriormente trasladada en un vehículo hasta el municipio de San Lorenzo, donde habría sido ingresada por la fuerza a un domicilio particular y encerrada en una habitación. En ese lugar, presuntamente fue víctima de agresiones sexuales por parte de varias personas.
Asimismo, los involucrados obligaban a la menor a consumir bebidas alcohólicas y, en determinadas ocasiones, la sacaban a pasear en un automóvil por la plaza de San Lorenzo para aparentar normalidad y evitar levantar sospechas. Después de estos recorridos, la retornaban nuevamente al inmueble donde permanecía retenida.
Cabezas indicó que la investigación contempla la posible concurrencia de varios delitos, entre ellos trata de personas, violación y, dependiendo de los elementos que se logren reunir, organización criminal. Sin embargo, aclaró que esta última hipótesis todavía está en evaluación y que las imputaciones deberán estar sustentadas en pruebas y fundamentos jurídicos.
“No se trata aquí de que encuentro a un sujeto al que le ha trasladado o el que es dueño de casa y ahí acabó el cuento, no. Acá se tiene que investigar todo”, manifestó el fiscal, al remarcar que las pesquisas deben alcanzar a todas las personas que pudieran tener responsabilidad en el hecho.
La autoridad también explicó que no corresponde calificar automáticamente el caso como secuestro, debido a que los indicios apuntan a una captación y traslado con presuntos fines de explotación sexual, elementos que corresponden a la investigación por trata de personas. A ello se suman las agresiones sexuales denunciadas, que constituyen otro hecho delictivo que deberá ser investigado.
En cuanto a las actuaciones realizadas, informó que se tomaron declaraciones informativas, se efectuó la entrevista de la menor en cámara Gesell y se desarrolló el reconocimiento de personas. Además, anunció que se realizaría una valoración médico-forense y que la víctima debía ser trasladada a un hospital debido a su delicado estado de salud.
“El Ministerio Público va a brindar todo el respaldo necesario a esta víctima, a su familia para asegurar que tengan el acceso a la justicia”, aseguró Cabezas.
El fiscal departamental advirtió que las investigaciones continúan y que no se descarta la existencia de otras posibles víctimas que, por temor a represalias o desconfianza en la administración de justicia, no se hayan atrevido a denunciar. Por ello, convocó a quienes puedan aportar información sobre los hechos a acudir a la Policía o al Ministerio Público.
En ese sentido, recordó que existe una unidad de protección a víctimas y testigos que brinda garantías a las personas que colaboran con las investigaciones, incluida la protección de su identidad. También señaló que se analiza la posibilidad de publicar imágenes de los presuntos involucrados, con las debidas precauciones, para contribuir a identificar a otras posibles víctimas.
“No tienen que tener miedo, existe una unidad de protección a víctimas y testigos, entonces cuando hay información que sirva a los casos, el testigo va a estar con todas las garantías para que pueda participar en el proceso cuidando siempre su identidad”, expresó.
Por otra parte, Cabezas informó sobre un segundo caso de violencia sexual contra una menor de edad, registrado el viernes en Tarija. La víctima llegó a un hospital en condiciones delicadas y el Ministerio Público abrió una investigación por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente.
En este segundo hecho, el fiscal señaló que participó directamente en la supervisión de las investigaciones durante el sábado, en coordinación con los investigadores policiales y los fiscales asignados. Después de una búsqueda y rastrillaje en diferentes barrios de la ciudad, se logró la aprehensión del presunto responsable, un hombre de 22 años.
De acuerdo con la información proporcionada, el investigado habría regresado al lugar del hecho después de que la víctima fuera trasladada al hospital y presuntamente modificó la escena. También existirían indicios de que intentó destruir el teléfono celular de la menor para eliminar posibles elementos de prueba.
La Fiscalía anunció que solicitará la detención preventiva del presunto responsable en la audiencia de medidas cautelares y que continuará reuniendo los elementos necesarios para presentar la acusación correspondiente.
Finalmente, el fiscal departamental aseguró que mantendrá una supervisión directa de las investigaciones y que buscará mejorar la coordinación con la Policía Boliviana, priorizando resultados concretos y evitando que las víctimas deban enfrentar procesos judiciales prolongados.
“No vamos a permitir que hayan ya investigaciones que solamente se realicen actos sin resultados. Acá lo que cuenta son los resultados y eso tenemos que mostrar a la sociedad”, concluyó Cabezas.
