La abogada Nadia Beller afirmó que teme que el Gobierno intente aprehenderla y abrirle una causa por el caso audios para presentarla como parte de un supuesto complot contra la administración de Rodrigo Paz. Considera que esa sería una estrategia para desviar la atención del contenido de las grabaciones atribuidas a su expareja Fernando Cerimedo.
«Creo que para coronar el año de gestión del presidente van a intentar aprehenderme ilegalmente, armarme una causa para justificar lo mismo que dice el presidente: que ellos son víctimas de un complot contra el Gobierno y que solamente se investigue a quiénes filtran los audios, pero que no se investigue el contenido de los mismos», declaró en entrevista con ERBOL.
Beller cuestionó que las autoridades se concentren en establecer quién filtra las grabaciones y no en investigar las conversaciones y las presuntas irregularidades que estas podrían revelar. También rechazó las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien afirmó en una entrevista con Fama, Poder y Ganas que la abogada tenía una «relación fluida» con el exfiscal general Roger Mariaca.
Beller negó esa vinculación y mencionó una grabación en la que Cerimedo y Mariaca coordinan un encuentro y hablan de una persona identificada como «M». La abogada dijo desconocer quién es y sostuvo que la conversación evidencia una relación entre ambos.
El caso de los audios adquirió dimensión política tras la difusión de conversaciones atribuidas a Cerimedo con autoridades y personas del entorno presidencial. En más de una docena de grabaciones divulgadas desde agosto se mencionan presuntas disputas por espacios de poder, decisiones gubernamentales y posibles negociados en sectores como hidrocarburos y empresas estatales.
Ante la difusión de las grabaciones, Paz negó en agosto que Cerimedo tuviera autorización para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia, y descartó una relación laboral directa. El 29 de octubre, el mandatario pidió investigar «quién filtra o quién los produce» y sostuvo que corresponde a la Justicia verificar los materiales, sin referirse directamente a las presuntas irregularidades mencionadas en las conversaciones.
