La falta de tratamiento y aprobación del Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto 2027 por parte de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) podría generar consecuencias administrativas, presupuestarias y financieras para el departamento, debido a que el documento debe contar con la aprobación de la instancia legislativa departamental para su posterior presentación ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).
El proceso presupuestario contempla una secuencia en la que el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT) elabora el POA y Presupuesto, la Asamblea Legislativa Departamental debe tratarlo y aprobarlo, y posteriormente corresponde su presentación ante el órgano rector. Por ello, una falta de tratamiento oportuno podría poner en riesgo el cumplimiento de los plazos establecidos para completar este proceso.
El riesgo presupuestario no significa que Tarija pierda automáticamente los Bs 595 millones programados para 2027. El principal riesgo está relacionado con la posibilidad de que la falta de aprobación oportuna impida o retrase el cumplimiento del procedimiento requerido para la presentación del presupuesto departamental ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Esta situación adquiere relevancia porque el presupuesto anunciado por la Gobernación contempla recursos destinados a salud, desarrollo productivo, medio ambiente, turismo, tecnología y otros programas y proyectos. Un retraso en el proceso presupuestario podría afectar la oportunidad con la que estas prioridades sean programadas y ejecutadas durante la gestión 2027, particularmente si no se cumplen los plazos establecidos para la presentación correspondiente.
A este riesgo presupuestario se suma una eventual consecuencia financiera en caso de que se produzca un incumplimiento de las obligaciones de presentación. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aplica medidas de inmovilización a las Cuentas Corrientes Fiscales (CCF) de las Entidades Territoriales Autónomas mediante el bloqueo al débito y/o la suspensión de firmas autorizadas, en el marco del artículo 8 de la Ley N.º 856 de 28 de noviembre de 2016 y de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa vigente.
Los antecedentes del MEFP muestran que durante la gestión 2024 se registraron 547 inmovilizaciones de Cuentas Corrientes Fiscales, de las cuales cinco correspondieron a Gobiernos Autónomos Departamentales, 521 a Gobiernos Autónomos Municipales, 20 a Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos y una a una Universidad Pública.
La mayor parte de estas inmovilizaciones estuvo relacionada con el incumplimiento en la presentación de información del POA–Presupuesto. En comparación con 2023, las inmovilizaciones aplicadas a las Entidades Territoriales Autónomas se incrementaron en 140 durante 2024, principalmente por incumplimientos vinculados con la presentación del POA y Presupuesto.
En el caso del departamento de Tarija, la situación adquiere relevancia debido al presupuesto anunciado para la gestión 2027. La gobernadora María René Soruco informó que el presupuesto programado asciende a Bs 595 millones, aunque señaló que este monto no es suficiente para atender todas las necesidades del departamento y mencionó además una deuda de Bs 111 millones.
La autoridad departamental explicó que la propuesta busca reorientar los recursos hacia áreas estratégicas, con una modificación en las prioridades de inversión y con el objetivo de pasar de una administración centrada en la ejecución de recursos a una gestión enfocada en generar resultados y oportunidades.
En el área de salud y bienestar social, la Gobernación anunció un incremento de Bs 166 millones a Bs 204 millones para 2027. Dentro de esta área también se contempla una asignación de Bs 37 millones para equipamiento, refacción y fortalecimiento de los hospitales.
En desarrollo productivo, la programación anunciada contempla un incremento de Bs 78 millones a Bs 108 millones, con iniciativas relacionadas con caminos para la producción, maquinaria, emprendimientos, apertura de mercados, tecnología agropecuaria, empleo productivo y riego.
La propuesta también plantea una mayor asignación para medio ambiente, que pasaría de Bs 1,7 millones a Bs 6,48 millones. Soruco vinculó estos recursos con políticas públicas de cuidado ambiental, gestión de riesgos y atención de fenómenos adversos.
Otro de los ejes anunciados es el turismo, con una programación de Bs 5,971 millones para 2027, frente a una asignación anterior que, según la autoridad, fue de cero bolivianos. La propuesta contempla crear rutas, fortalecer y acompañar al sector privado y promover una
La programación también incluye Bs 3,75 millones para Procampo, además de iniciativas vinculadas con salud digital, salud mental, tecnología agropecuaria, un plan de empleo urgente productivo y la continuidad de proyectos de riego y presas.
En este contexto, la demora en el tratamiento y aprobación del POA 2027 por parte de la Asamblea Legislativa Departamental podría comprometer el cumplimiento oportuno del proceso presupuestario y generar riesgos para la programación financiera de la gestión 2027, especialmente si el retraso deriva en un incumplimiento de los plazos de presentación ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La posible consecuencia, por tanto, debe entenderse como una cadena de riesgos: una demora en la aprobación puede generar dificultades para cumplir el plazo de presentación; un eventual incumplimiento puede derivar en medidas administrativas y financieras; y estas medidas podrían restringir la operatividad de las cuentas fiscales y dificultar la ejecución oportuna de los recursos.
La falta de aprobación también podría generar un escenario de retraso para la puesta en marcha de las diferentes actividades, programas y proyectos contemplados en la planificación departamental, en áreas que la Gobernación identificó como estratégicas, entre ellas salud, desarrollo productivo, medio ambiente, turismo y transformación digital.
En este escenario, el tratamiento oportuno del POA y Presupuesto 2027 adquiere una importancia que va más allá de la aprobación de un documento. Una demora que impida cumplir con los plazos establecidos puede generar un efecto progresivo: retrasos en la presentación, posibles incumplimientos ante el órgano rector, eventuales medidas de inmovilización de cuentas y restricciones en la operatividad financiera, con posibles dificultades para ejecutar oportunamente los recursos programados.
La advertencia central es que el tiempo también forma parte del presupuesto: no cumplir oportunamente con las etapas y obligaciones del proceso puede generar consecuencias administrativas y financieras que terminen afectando la capacidad operativa de la Gobernación y la ejecución de las prioridades previstas para Tarija.
