La justicia decidió este viernes extinguir el proceso penal por los 36 días de bloqueo registrados en Santa Cruz en 2022, que demandaban el adelanto del Censo de Población y Vivienda. Con esta determinación, concluyó el proceso contra los implicados en el caso.
La medida de presión se desarrolló entre octubre y noviembre de 2022 y tuvo como principales impulsores al exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; al expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; al exrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar; al actual rector de esa casa de estudios, Reinerio Vargas; y al abogado constitucionalista José Luis Santisteban.
“Con la finalización del proceso judicial tras el paro de 36 días, se pone fin definitivo a cualquier tipo de persecución en contra del exgobernador @LuisFerCamachoV. Esto demuestra una vez más que el objetivo del MÁS era perseguir a nuestros líderes y relegar a nuestro departamento (sic)”, publicó el abogado Martín Camacho.
El caso fue iniciado por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, por los delitos de racismo y discriminación, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas y terrorismo.
El proceso concluyó después de cuatro años de investigación.
