En medio de la crisis de carburantes en el país, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, planteó terminar con la subvención generalizada a los combustibles y reemplazarla por mecanismos de compensación dirigidos a las personas que utilizan el transporte público y que requieran apoyo durante la transición.
En un posteo, Velasco propuso que YPFB deje de importar y comercializar combustibles subsidiados y que se abra el mercado a operadores privados para la importación, comercialización y distribución de carburantes a precio real.
Según la propuesta del gobernador, con un precio actualizado del barril de petróleo se podría llegar a un costo de 16,5 bolivianos por litro.
Velasco sostuvo que la subvención generalizada debe terminar y que la ayuda estatal debe dirigirse “a las personas que realmente la necesitan, no al combustible”.
Como parte de su planteamiento, propuso una etapa de transición de tres meses durante la cual se implemente un bono directo de emergencia para usuarios del transporte público que requieran compensación.
Posteriormente, planteó migrar hacia un sistema tecnológico mediante la tercera placa (B-Sisa), que permita la identificación electrónica del vehículo, el registro de los kilómetros recorridos y el uso de parámetros técnicos de consumo.
El objetivo, según explicó, sería focalizar la subvención en el transporte público efectivamente prestado y evitar que el beneficio se aplique de manera indiscriminada.
Velasco también señaló que la apertura del mercado debería permitir la participación de empresas privadas y nuevos proveedores internacionales. En ese marco, afirmó que la Goberanción de Santa Cruz tiene una propuesta para trabajar con empresas privadas y proveedores que actualmente no trabajan con el Gobierno Nacional.
“Santa Cruz está preparada”, afirmó el gobernador, al señalar que la administración departamental tendría capacidad para articular una solución destinada a cubrir de manera inmediata la demanda de combustibles del departamento.
Sin embargo, Velasco advirtió que, para incentivar la participación privada, no se puede exigir al sector privado importar combustible a precio internacional y, al mismo tiempo, obligarlo a competir con carburantes comercializados artificialmente por debajo de su costo real.
El gobernador sostuvo que mientras coexistan un precio artificialmente bajo, escasez, contrabando y mercados paralelos, los operadores privados no podrán competir en igualdad de condiciones y el problema del abastecimiento continuará. /ERBOL
