Dos jueces de Tupiza y Yacuiba fueron denunciados por presuntas irregularidades en la administración de justicia. Los afectados cuestionan decisiones y actuaciones procesales que, según sostienen, se habrían apartado del debido proceso y los procedimientos establecidos, ocasionado perjuicios a las partes involucradas.
Ambos casos, aunque corresponden a materias jurídicas distintas, coinciden en la denuncia de los litigantes sobre una presunta aplicación arbitraria de la norma que habría afectado el derecho a la defensa de las partes involucradas.
En Tupiza, la controversia gira en torno al expediente registrado bajo el NUREJ 50173219, iniciado por una querella por los presuntos delitos de calumnia y difamación. Según los afectados, la causa se ha desarrollado sobre una denuncia que no fue admitida formalmente.
Pese a ello, la autoridad judicial convocó a 16 audiencias, medida que la parte denunciada califica como un mecanismo desproporcionado de presión para forzar un acuerdo de conciliación.
La parte querellada señaló además que, tras plantearse una objeción, la jueza otorgó un plazo de subsanación; sin embargo, han transcurrido cinco meses sin que se emita la resolución definitiva mediante un auto interlocutorio fundamentado.
El conflicto procedimental se acentuó el pasado 7 de mayo, cuando se instaló una nueva audiencia de conciliación a la que no asistieron el querellante ni su abogado. De acuerdo con la parte afectada, correspondía aplicar el Artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, disponiendo la sanción y el archivo de obrados.
En su lugar, el juzgado fijó fecha de juicio oral para el 23 de julio, sin haber notificado personalmente a los acusados ni resuelto formalmente la objeción pendiente.
Indicaron que la semana pasada presentaron memorial solicitando la extinción del proceso por abandono y la respuesta se encuentra pendiente por parte de la autoridad.
Los querellados anunciaron la presentación de una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura para que fiscalice el proceder del juzgado.
Yacuiba y el caso de unión libre
Por otro lado, en Yacuiba, el juez del Juzgado Público de Familia Segundo, Mario Villca Zambrana, enfrenta un cuestionamiento formal ante el Consejo de la Magistratura en el marco del proceso de reconocimiento de unión libre NUREJ 60171283, promovido por la pareja de un militar fallecido (identificada con las iniciales R.R.V.).
De acuerdo con los antecedentes del caso, la demandante declaró que los hijos del causante residían en el extranjero, razón por la cual la autoridad judicial ordenó su citación mediante edictos de prensa.
Los herederos señalan que el juez omitió solicitar de manera previa los informes de domicilio ante el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) y el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), procedimiento ordinario para verificar el paradero de los demandados.
Esta omisión habría impedido que los hijos del fallecido, quienes radican en el país, tomaran conocimiento del proceso y ejercieran su defensa.
El trámite concluyó el 23 de marzo de 2026 con la declaración de ejecutoria de la unión libre, lo que permitió a la demandante cobrar los beneficios sociales del difunto.
Tras tomar conocimiento de la sentencia, los herederos interpusieron un incidente de nulidad de obrados que fue rechazado por el juzgador, por lo que la causa se encuentra actualmente en grado de apelación ante la Sala Segunda Civil.
Los recurrentes en ambos casos enfatizaron que sus reclamos buscan que las instancias de fiscalización del Órgano Judicial determinen si existieron faltas gravísimas o delitos en el ejercicio de la función jurisdiccional y, de corresponder, se establezcan las sanciones pertinentes./erbol
