La caída del histórico líder del Tren de Aragua abre una etapa de atomización violenta: sin su mando único, las células del grupo pelearán por el control de rutas de tráfico y economías ilegales en toda América Latina
La confirmación de la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido y temido bajo el alias de “Niño Guerrero”, marca un punto de inflexión indiscutible en la seguridad y geopolítica de América Latina. Para una región que en la última década se vio sacudida por niveles inéditos de violencia criminal transnacional, el golpe certero al máximo líder del Tren de Aragua representa el fin de un ciclo.
Sin embargo, celebrar este acontecimiento como el acta de defunción de la organización criminal sería no solo prematuro, sino un profundo error de diagnóstico. La historia del crimen nos pone de manifiesto, a un costo de sangre altísimo, que las hidras no mueren cuando se les corta una sola cabeza. Lejos de significar la disolución de la organización, la muerte de su fundador abre la puerta a una inevitable y peligrosa reconfiguración de su estructura interna. El Tren de Aragua está lejos de desaparecer y entra en una fase de mutación donde el mando único dará paso a una federación de facciones autónomas pero letales.
Para entender el peso real de la caída de Guerrero, es imperativo recordar la naturaleza inédita de su liderazgo. A diferencia de los capos tradicionales que actuaron en la Región, “Niño Guerrero” erigió el Tren de Aragua desde el absoluto control de una institución estatal: el Centro Penitenciario de Aragua, conocido popularmente como la cárcel de Tocorón. Bajo su mando, Tocorón no era un lugar de castigo ni de reinserción, sino el centro de operaciones de un consorcio criminal corporativo. Desde allí, no se limitó a traficar estupefacientes; perfeccionó la extorsión sistemática, el secuestro, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la minería ilegal y el sicariato, y expandió sus tentáculos a lo largo de América del Sur utilizando los flujos de la desesperación migratoria.
Este carácter transnacional fue el que terminó por encender las alarmas en el norte, lo que provocó un giro drástico en la política de seguridad de Washington. Al constatar que las células del Tren de Aragua ya no solo controlaban los pasos fronterizos en los Andes o las economías ilegales en Santiago y Lima, sino que comenzaban a golpear las calles de las principales metrópolis estadounidenses, la Casa Blanca se vio obligada a actuar.
El Departamento de Estado elevó al Tren de Aragua al estatus de Organización Criminal Transnacional, lo equiparó con carteles de la magnitud del de Sinaloa o el Clan del Golfo y ofreció millonarias recompensas por la captura de Guerrero. La doctrina de seguridad de Estados Unidos entendió que el fenómeno ya no podía ser tratado como una problemática de delincuencia común latinoamericana, sino como una amenaza directa a su propia seguridad interior y a la estabilidad hemisférica.
Es en este escenario donde surge el capítulo más complejo, pragmático y polémico de esta historia: la colaboración con el régimen de Venezuela. Durante años, la retórica oficial de Caracas osciló entre la negación de la existencia del Tren de Aragua y la acusación de que la banda era una invención mediática para atacar al gobierno. No obstante, la asfixiante presión de las agencias de inteligencia norteamericanas, sumada a la necesidad de Delcy Rodríguez de buscar legitimidad internacional y un alivio en el régimen de sanciones, forzó una alianza tan incómoda como indispensable.
La diplomacia silenciosa de Washington y el intercambio de información técnica obligaron al aparato de seguridad venezolano a actuar contra su propio monstruo interno, un criminal que durante años operó bajo un esquema de escandalosa impunidad. Esta cooperación, entendida como un pacto de conveniencia donde se priorizaron los resultados y la estabilización de Venezuela por sobre la justicia institucional, demuestra que la neutralización de amenazas de este calibre requiere concesiones políticas complejas que estiran al límite la ética diplomática.
El riesgo real: atomización y guerra entre facciones
Pero lo acontecido con “Niño Guerrero” no debe confundirse con la pacificación del hemisferio occidental. La estructura organizativa que él diseñó sobrevive. El Tren de Aragua operaba bajo un modelo de gobernanza criminal vertical en su toma de decisiones estratégicas, pero sumamente horizontal en su ejecución táctica a través de “células” o “columnas”.
Sin la figura articuladora de Guerrero, el principal riesgo a corto plazo no es la disolución, sino la atomización violenta. Cuando un “pran” desaparece sin un sucesor unánime, las facciones locales, que ya cuentan con economías delictivas autosustentables en países como Chile, Perú o Colombia, tienden a independizarse. Lo que enfrentará América Latina en los próximos meses es una reconfiguración interna, en la que mandos medios y jefes de plaza competirán por el control de las codiciadas rutas de tráfico de personas y las zonas de extorsión, lo que desatará guerras territoriales que terminarán ensangrentando los barrios más vulnerables de la región.
Esto no es algo nuevo, lo hemos visto en distintos momentos de la historia del crimen organizado latinoamericano. Pablo Escobar, del cartel de Medellín; Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, del cartel de Sinaloa; y Ederson Xavier de Lima, del Comando Vermelho, son algunos ejemplos de cómo, históricamente, las capturas de capos del narcotráfico derivaron en una mayor violencia por conflictos sucesorios internos. /infobae
