Rodrigo Fuenzalida, miembro del Comité Censal de Tarija, confirmó que el trabajo sobre el Pacto Fiscal ya está en marcha en distintas instituciones del departamento. El objetivo es claro: presentar una propuesta concreta para finales de 2024, que pueda ser implementada en 2025. El enfoque principal de esta iniciativa es modificar la distribución de los recursos económicos a nivel nacional, priorizando a los municipios más cercanos a la población para que puedan atender sus necesidades de manera eficiente.
Fuenzalida destacó que una de las principales preocupaciones es la desproporción en la asignación de los recursos. “El Gobierno Nacional continúa concentrando la gran mayoría de los fondos, incluso con empresas que han sido deficitarias por más de 10 años”, subrayó. Esta situación ha generado tensiones y desafíos para los municipios, que a menudo se encuentran en la primera línea para satisfacer las demandas de la población.
Con la propuesta del Pacto Fiscal, se espera reequilibrar esta situación y permitir que las autoridades locales cuenten con mayor autonomía financiera. Los municipios, que son los más cercanos a la gente y conocen de primera mano sus necesidades, tendrían así una mejor capacidad para gestionar los recursos de manera más directa y efectiva.
El Pacto Fiscal, según explicó Fuenzalida, no solo pretende mejorar la distribución de recursos, sino también corregir las deficiencias económicas que se han mantenido a lo largo de los años en empresas estatales que, pese a sus pérdidas, continúan recibiendo fondos considerables. “Estamos seguros de que para fin de año vamos a tener una propuesta concreta”, concluyó, enfatizando la importancia de esta reforma para el desarrollo económico y social de Tarija y sus municipios.
