En las últimas semanas una ola de accidentes provocada en su gran mayoría por vehículos de transporte público en las carreteras del país ha dejado numerosos personas muertas y heridas.
Desgraciadamente, estos sucesos pasados los días van a formar parte de las estadísticas y quedan en el archivo de las reparticiones policiales y muy pocas veces los procesos judiciales, si los hay, levantan responsabilidades y sanciones porque en medio, casi siempre, se presenta ese recurso tan manido de la transacción entre los responsables y los familiares de las víctimas. La justicia aunque su fundamento diga que es gratuita, no lo es, y por el contrario, resulta onerosa y casi imposible de acceder a personas de escasos recursos económicos.
Por otra parte, los accidentes de tránsito resultan tan repetitivos que en la conciencia de las autoridades y de la ciudadanía se está formando una especie de no importismo ante estos hechos dolorosos y trágicos como algo normal en un ámbito donde la indolencia parece haber ganado, frente a la adopción de medidas para evitar la consecución de estas situaciones.
El anuncio de acciones para prevenir los accidentes, por ejemplo, en el transporte de flotas interdepartamentales de pasajeros realizar inspecciones mecánicas, controles en la terminal de buses, establecer hojas de ruta, vigilar los horarios de trabajo de los choferes para evitar la sobrecarga de horas continuas de labor y la fatiga, establecer los turnos y otras más que de tanto en tanto son comunicadas con despliegue mediático dan la impresión que la muerte en las carreteras podría disminuir. Sin embargo, ninguna de esas medidas hasta la fecha se han ejercitado de manera permanente. El control sigue siendo deficiente y las causas de los accidentes así corroboran cuando se establece que el origen está, principalmente, en fallas mecánicas de los vehículos, en el estado de ebriedad de los conductores o en el cansancio.
La pregunta que nos hacemos es ¿quién asume la responsabilidad de que la muerte y el luto permanezcan en las carreteras del país?
Lo cierto es que en esta cadena de tragedia alguien tiene que asumir las responsabilidades, a partir de los propietarios de las empresas de buses de pasajeros interdepartamentales y locales, y desde luego las autoridades de Tránsito a quienes la colectividad las interpela porque su trabajo no muestra eficiencia y por el contrario denota negligencia.
