Uruguay debate la prohibición de la venta de fuegos artificiales

Flores, Río Negro, Canelones, Salto, Artigas, Lavalleja. De un total de 19 departamentos, seis ya prohibieron en Uruguay el uso y la venta de fuegos artificiales en fiestas, celebraciones y cualquier tipo de festejo.

Las medidas legislativas son departamentales, todavía no se regularon a nivel nacional aunque en agosto de 2020 se presentó un proyecto de ley al Parlamento sobre el uso de pirotecnia. ¿Qué propone?: prohibir el uso de fuegos artificiales sonoros en todo el país y penalizar infractores con multas. ¿En qué está?: aún no se votó y no se sabe cuándo se hará.

La Asociación de Vendedores de Fuegos Artificiales en Uruguay pidió, entonces, que se adopten criterios únicos para la pirotecnia. La organización declaró que de la misma manera que un gobierno departamental no puede decidir si legaliza la pena de muerte o no, sin tener en cuenta al gobierno nacional, tampoco puede tomar decisiones sobre los fuegos artificiales, informó Telemundo.

En teoría, todo lo que esté aprobado por el Ministerio de Defensa es legal en el país. Y el Ministerio aprueba los fuegos artificiales. Los gobiernos departamentales deberían esperar la aprobación del Poder Ejecutivo para poner en regla su prohibición.

Gustavo Prato, delegado de la Asociación, dijo al informativo que “se generó una ambigüedad y una alarma innecesaria, y nosotros nunca fuimos participados y ni siquiera fue participado el organismo que regula esto”. Quién regula, en teoría, es el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa.

Dentro de las opciones que han propuesto los los vendedores de fuegos artificiales, está el etiquetado frontal en las cajas, donde se debería indicar cuántos decibeles tiene el producto al momento de explotar. El objetivo sería que la parte de la sociedad a la que le interesa el impacto sonoro esté informada sobre los decibeles a la hora de consumir pirotecnia. La medición la haría el Ejército uruguayo.

También plantearon que si el objetivo de las regulaciones es limitar la contaminación sonora, los gobiernos departamentales deberían establecer cuánto es contaminante. Prato planteó otra comparación: no se puede penalizar a un auto por exceso de velocidad si no se le dice cuál es el límite de velocidad. El tema con fuegos artificiales sería lo mismo.

Entonces, se debería fijar un límite aceptable de decibeles.

Prato agregó que “si vamos a ser objetivos y justos, y no legislar para la tribuna, tendríamos que agarrar y atacar todo lo que hace ruido” y que “si fuera un tema de ruido, Artigas debería prohibir su carnaval”.

La Asociación ya se había manifestado públicamente a comienzos de setiembre, advirtiendo del riesgo de prohibir el producto. Según Prato, la consecuencia es la pérdida de miles de puestos de trabajo y un alza del negocio clandestino. “Esta situación ya ha provocado terribles accidentes en países donde no existe control sobre el mercado negro, ya que al no haber registro de la calidad de los productos, la posibilidad de accidentes se incrementa”, dijo a Caras y Caretas en aquel entonces.

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