La manía centralista de meter mano al bolsillo ajeno

En el país ya se ha vuelto una práctica corriente del Gobierno nacional, dictar y aplicar bonos o subsidios con plata ajena, con los recursos de las entidades territoriales autonómicas.
La Renta Dignidad se paga con el 30% del IDH de Gobiernos Municipales y Gobernaciones, el 12% del IDH financia el Fondo de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, el IDH también financia el Fondo Cívico Patriótico, la Seguridad Ciudadana se paga con recursos municipales y departamentales, los prediarios para los privados de libertad y el bono de vacunación del sector salud se financian con recursos departamentales, las prestaciones de servicio de salud integral del Estado Plurinacional están cubiertas con recursos municipales de coparticipación o IDH, etc.
El presidente remitió el lunes 13 de febrero a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley  (N° 296/16) que crea un bono mensual de 250 bolivianos para las personas con discapacidad grave y muy grave, que debe ser pagado por las municipalidades con sus recursos del IDH, disposición que en el Departamento de Tarija demandaría al menos 17 millones de bolivianos según el presidente del Concejo Municipal de la ciudad de Tarija.
Pero más allá de las necesidades de los beneficiarios y de los montos destinados a cubrir las políticas nacionales, ésta se ha convertido en una de las “malas prácticas” heredadas de un cultura centralista y autoritaria, que viola los principios básicos de la autonomía, pero que reedita políticamente muy bien al presidente, con la plata destinada a atender las necesidades locales de la gente.
El marco normativo boliviano no ha logrado aplicar un componente fundamental de cualquier régimen autonómico como es la autonomía fiscal, entendida esta como la potestad de generar o recibir en transferencia determinados ingresos y tener potestad plena sobre el destino y uso del gasto. Los Gobiernos departamentales y municipales todavía no son plenamente autónomos, porque no son fiscalmente autónomos.
El concepto de autonomía fiscal implica también la soberanía fiscal que hace al dominio pleno de la entidad de gobierno subnacional sobre sus recursos y su patrimonio, sin que medie la intervención del Gobierno nacional o cualquier otra instancia.
En este marco, resulta muy importante aplicar el marco constitucional que define los recursos propios de cada nivel de gobierno y la autonomía que tienen para decidir su disposición y administración.
En el contexto del debate fiscal nacional es importante sincerar las relaciones fiscales intergubernamentales, evitando que un nivel de gobierno eche mano de los recursos fiscales de otro nivel de gobierno, sin respetar la autonomía fiscal. A su vez, constitucionalmente no es posible que el Gobierno Nacional centralice recursos sub nacionales o intervenga en la disposición de los mismos.

«Es importante sincerar las relaciones fiscales intergubernamentales, evitando que un nivel de gobierno eche mano de los recursos fiscales de otro nivel de gobierno, sin respetar la autonomía fiscal»

No se puede seguir financiando competencias de un nivel de gobierno con recursos de otro nivel de gobierno, a no ser que sea una decisión acordada entre sus entes legislativos.
En el caso reciente de la renta mensual para los discapacitados, el artículo 298. II, numeral 16 de la CPE establece que el régimen de la seguridad social es una competencia exclusiva del nivel central del Estado, en consecuencia es inconstitucional una ley nacional que obligue a los Gobiernos Municipales a pagar un bono económico para los discapacitados con sus recursos.
Esta es la demagogia del Gobierno nacional, que humilló y marginó a los discapacitados el año pasado, se negó a reconocerles un beneficio económico y que ahora viola la autonomía municipal con una ley nacional y en la práctica termina confiscando estos recursos a los gobiernos subnacionales, colocándolos frente a los discapacitados. En este intento, la entidad que debe defender los intereses municipales (AMT) guarda un silencio cómplice a favor del jefazo.

«Esta es la demagogia del Gobierno nacional que humilló y marginó a los discapacitados el año pasado, se negó a reconocerles un beneficio económico y que ahora viola la autonomía municipal con una ley nacional y en la práctica termina confiscando estos recursos a los gobiernos subnacionales»

Por eso, es necesario replantear los sistemas de subvención o cofinanciamiento de las políticas nacionales, a fin de que las mismas sean financiadas por el nivel de gobierno que le corresponda y que el cofinanciamiento de las mismas sea parte de acuerdos intergubernamentales.
Todos esperamos que el Pacto Fiscal sea el escenario para plantear la reposición de las confiscaciones de recursos departamentales y municipales y avanzar en el logro de una autonomía fiscal verdadera.
 
 

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