La senadora por Tarija, Marcela Guerrero, cuestionó que las denuncias contra los legisladores Claudia Bilbao y Alejandro Medinacelli sean remitidas únicamente al Tribunal de Ética y sostuvo que esta instancia no sería suficiente para esclarecer los hechos relacionados con la presunta exigencia de puestos laborales en instituciones públicas.
La parlamentaria consideró que el Ministerio Público debe actuar de oficio e iniciar una investigación penal por el presunto delito de tráfico de influencias, tomando en cuenta las denuncias que señalan a ambos legisladores por supuestamente gestionar espacios laborales para personas cercanas en entidades estatales.
Guerrero sostuvo que, ante este tipo de acusaciones, corresponde activar los mecanismos legales y determinar si existieron irregularidades en el ejercicio de sus funciones como autoridades públicas.
Asimismo, pidió que las denuncias no queden únicamente en el ámbito legislativo y que las instancias competentes investiguen el caso para establecer posibles responsabilidades, garantizando el cumplimiento de la ley.





