El Tribunal Agroambiental concede la continuidad del proyecto gasífero Domo Oso X-3 en Tarija, al rechazar los recursos del Defensor del Pueblo y otros sectores que buscaban frenar las operaciones en San Telmo Norte. El fallo despeja el obstáculo judicial para avanzar con la exploración, pero impone controles ambientales reforzados sobre los ríos Chiquiacá y Soledad, la biodiversidad y los riesgos hidrológicos. Petrobras estima que el pozo podría aportar hasta 4 TCF de gas natural a Bolivia, aunque su potencial real dependerá de los resultados de la perforación.
El Tribunal Agroambiental Plurinacional rechazó los recursos de casación presentados por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y otros recurrentes, y confirmó la decisión judicial que permite continuar con el proyecto de perforación exploratoria Domo Oso X-3, ubicado en el Área San Telmo Norte, Tarija. Sin embargo, dispuso medidas adicionales de monitoreo ambiental, prevención de riesgos y transparencia sobre las actividades.
La determinación está contenida en la Resolución Agroambiental Plurinacional 31/2026, del 13 de noviembre, que mantiene firme el Auto Interlocutorio Definitivo 53/2026, emitido el 6 de julio por el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos.
El proceso fue iniciado en enero de 2026 por la Defensoría del Pueblo mediante una Acción Ambiental Precautoria contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, otras autoridades ambientales, YPFB y Petrobras Bolivia S.A. Los recurrentes cuestionaron los posibles impactos ambientales, la consulta pública, la participación de las comunidades y los riesgos para los recursos hídricos.
Fundamentos del Juzgado Agroambiental que permite continuar el proyecto
Entre los principales fundamentos del Juzgado Agroambiental estuvo la insuficiencia de los elementos presentados para justificar la medida cautelar solicitada, considerando los presupuestos jurídicos establecidos en el artículo 311.III de la Ley 439, aplicado supletoriamente conforme al artículo 78 de la Ley 1715.
También tomó en cuenta un informe técnico del SERNAP, de enero de 2026, que establece que el proyecto se encuentra fuera de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, a 1.572,18 metros de sus límites. El documento señala, además, que el Plan de Manejo de la reserva no contempla una zona de amortiguamiento externo.
Otro fundamento estuvo relacionado con la consulta pública. El juzgado consideró los antecedentes de la actividad realizada el 17 de enero de 2025 en Entre Ríos, además de invitaciones y actas notariales, tomando como referencia el artículo 152 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental, modificado por el Decreto Supremo 3549.
Respecto a los cuestionamientos sobre la propiedad de los terrenos y las servidumbres suscritas por Petrobras, el juzgado consideró que la determinación del derecho propietario corresponde al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y no era materia que debía resolverse dentro de la acción ambiental precautoria.
Los recurrentes, por su parte, advirtieron sobre posibles afectaciones a las cuencas de los ríos Chiquiacá y Soledad, la biodiversidad y las comunidades cercanas, además de cuestionar la efectividad de la participación ciudadana.
Al revisar estos argumentos, el Tribunal Agroambiental concluyó que no se demostraron errores jurídicos ni vulneraciones procesales que justificaran modificar la resolución de primera instancia.
El fallo no otorga una nueva licencia ambiental
La resolución tiene un alcance judicial: permite continuar las actividades materiales del proyecto al mantener vigente el rechazo de la medida cautelar, pero no constituye una nueva licencia ambiental ni reemplaza las autorizaciones administrativas que correspondan.
Además, el Tribunal estableció obligaciones adicionales para reforzar la vigilancia ambiental. Entre ellas figura un plan de monitoreo continuo que deberá controlar la calidad del agua de los ríos Chiquiacá y Soledad, la biodiversidad, los niveles de ruido y las emisiones atmosféricas.
Los resultados deberán ser públicos y accesibles para las comunidades mediante informes semestrales. También se dispuso la coordinación entre las autoridades competentes y las instancias departamentales y municipales para elaborar y actualizar planes de contingencia, considerando los posibles riesgos hidrológicos bajo una visión integrada de cuenca.
Petrobras estima entre 2 y 4 TCF de gas
La continuidad del proyecto adquiere relevancia por las expectativas de incorporación de nuevos recursos a las reservas nacionales. Según las estimaciones de Petrobras, Domo Oso X-3 podría aportar entre 2 y 4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural, con un potencial comparable al campo San Alberto.
No obstante, YPFB aclaró que estas cifras son proyecciones y que la existencia del reservorio y su magnitud real solamente podrán confirmarse mediante los trabajos exploratorios.
La estatal petrolera también señaló que, si se cumplen las expectativas, las reservas de gas de Bolivia podrían duplicarse en el mejor escenario, en un contexto en el que las reservas probadas fueron reportadas en 2,30 TCF.
La decisión representa un revés judicial para quienes buscaban paralizar el proyecto, pero establece obligaciones adicionales de control ambiental. Domo Oso X-3 podrá continuar sus actividades exploratorias bajo las autorizaciones correspondientes, mientras Petrobras y las autoridades deberán cumplir el monitoreo, garantizar el acceso a la información ambiental y reportar semestralmente al Tribunal Agroambiental.





