La asambleísta departamental por Tarija, Gisela Derpic, cuestionó las presuntas irregularidades en el proceso de inhabilitación de Mario Cossío como candidato a la Gobernación de Tarija, señalando que durante las elecciones subnacionales se habrían vulnerado sus derechos políticos y limitado sus posibilidades de ejercer una defensa oportuna frente a la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Derpic manifestó que la situación atravesada por Cossío fue de conocimiento público durante la campaña electoral de primera vuelta, considerando que los antecedentes del caso estuvieron expuestos ante la población tarijeña.
“A lo largo de la campaña en la primera vuelta para la elección de gobernador todos hemos sido testigos de lo que ha sucedido, incluso los datos de este caso donde está relacionado Mario Cossío han estado expuestos para el conocimiento de la población”, expresó.
La legisladora sostuvo que existieron cuestionamientos sobre la documentación y los procedimientos utilizados para determinar la inhabilitación, al asegurar que no se habría contado con un informe ni con un acta que respaldaran adecuadamente las actuaciones observadas.
En ese sentido, denunció que también se habría intentado retrasar el tratamiento del caso, situación que, desde su perspectiva, perjudicó las posibilidades del excandidato de acudir a los mecanismos de defensa correspondientes.
“Sabemos que no hay informe, no hay acta, no se entregó a nadie y se ha intentado retrasar lo más posible este caso para que él no pueda acudir a su propia defensa”, afirmó Derpic.
Estas declaraciones se producen en medio de nuevos cuestionamientos a la actuación del Tribunal Supremo Electoral, presidido por Gustavo Ávila, luego de que el vocal Carlos Alberto Goitia pusiera en duda el procedimiento seguido para inhabilitar a Cossío.
Según las observaciones públicas de Goitia, la decisión habría sido adoptada con la participación de solamente tres de los siete integrantes de la Sala Plena, además de existir dudas sobre la documentación que respaldaría formalmente la sesión y el quórum correspondiente.
Como antecedente, el TSE había confirmado en marzo la inhabilitación de Cossío mediante la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR N.º 01053/2026, argumentando el incumplimiento del requisito constitucional de residencia permanente. La resolución fue suscrita por cuatro vocales, con excepción del presidente Gustavo Ávila, quien había sido recusado previamente.
En el contexto de las recientes denuncias que involucran al presidente del TSE, también surgieron cuestionamientos sobre presuntas intervenciones en otros procesos electorales. El vicepresidente Edmand Lara planteó evaluar la permanencia de Gustavo Ávila mientras se esclarecen las acusaciones, aunque aclaró que estas deben ser investigadas y no constituyen por sí mismas una demostración de responsabilidad.
Por su parte, Derpic insistió en que la situación de Mario Cossío no solamente debe analizarse desde la perspectiva de su candidatura, sino también por las consecuencias que, a su juicio, tuvo para los derechos políticos de los ciudadanos que participaban en el proceso electoral.
“Además de haber sido víctima de un fallo contrario a la Constitución y vulnerador de los derechos políticos de Mario Cossío y de la población”, manifestó la asambleísta.
De esta manera, Gisela Derpic reiteró sus cuestionamientos a la actuación del Órgano Electoral, al considerar que las presuntas irregularidades en el tratamiento del caso Cossío afectaron tanto el derecho a la defensa del excandidato como los derechos políticos de la población tarijeña.





