Los alcaldes de las nueve capitales departamentales y El Alto exigieron ser incorporados formalmente al debate del anteproyecto de Ley de Coparticipación Tributaria y dieron plazo al Gobierno hasta el viernes 13 de noviembre para emitir un decreto que permita actualizar los precios de las obras y garantizar su continuidad.
“Ante el anuncio del fallido anteproyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria, se exige la incorporación formal de la representación municipal con acceso al borrador, bases de cálculo y simulaciones. Ninguna reforma fiscal (como el 1% planteado para los GAD) debe avanzar sin garantizar legalmente que no afectará los ingresos municipales”, señala el documento de conclusiones de la reunión de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB).
Al respecto, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, afirmó que “participar no solamente es asistir a una reunión (…) Participar es ser protagonista de una de las grandes transformaciones que va a tener nuestro país”.
En el marco de la Agenda 50/50, los municipios plantearon construir un acuerdo sobre la distribución de recursos entre el nivel central, las gobernaciones, los municipios y las universidades. También proponen una ruta de convergencia fiscal para incrementar gradualmente la participación municipal hasta alcanzar el 50%.
“Nadie puede imponer nada. Nadie puede definir porcentajes de manera unilateral. Esto lo vamos a construir entre todos los participantes”, señaló el alcalde cruceño, Manuel Saavedra.
Sobre las obras y los servicios municipales, los alcaldes exigen un decreto supremo que permita actualizar los precios de los contratos debido al incremento de los costos tras el retiro de la subvención al diésel.
Advirtieron que algunas obras están paralizadas, otras al borde de la resolución de contratos y que varias empresas contratistas rechazan continuar trabajando a pérdida.
“Este 13 de noviembre nosotros estaremos esperando la emisión de este decreto supremo (…) que permita la continuidad de obras civiles y de la prestación de servicios. Esta es una medida urgente y vital que garantizará las obras en ejecución, su continuidad y su conclusión”, recalcó la alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la AMB, Fátima Tardío.
Además, piden mecanismos de alivio financiero y que los contratos modificatorios de obras y servicios puedan superar el 10% establecido en el Decreto Supremo 0181.
Entre otras demandas, plantean que el nivel central asuma obligaciones de alcance nacional, como el pago del Bono de Discapacidad, y revise el 10% destinado a seguridad ciudadana. Asimismo, exigen la restitución de los recursos del 12% del IDH retenidos en 2025 y la suspensión de las retenciones para 2027, además de medidas para financiar los servicios de salud.
Los municipios también piden acelerar la reprogramación de sus deudas, cumplir los acuerdos con el FNDR, FPS y UPRE, recuperar su participación económica en la recaudación de la Inspección Técnica Vehicular y simplificar los trámites administrativos y de cooperación internacional.
Entre tanto, convocaron a una nueva reunión para el 16 de noviembre, con la intención de ampliar la coordinación a otras organizaciones municipales y posteriormente invitar al Gobierno. /ERBOL
