En Tarija hay dos discusiones que, aunque parecen distintas, tienen un mismo trasfondo, la necesidad de defender los intereses del departamento frente a decisiones que se toman desde el poder nacional. Por un lado, la defensa de la Reserva de Tariquía, donde quienes advierten sobre los riesgos de la explotación hidrocarburífera han sido descalificados como «cuatro loquitos». Por otro, una propuesta económica que pretende presentar como avance autonómico una participación del 1% de los recursos tributarios que administra el nivel central, mientras se plantea vincularla con obligaciones adicionales en salud.
Ambos asuntos merecen una posición firme. Tarija no puede ser considerada simplemente una fuente de recursos naturales ni una institución a la que se le asignan responsabilidades sin garantizarle los recursos necesarios para cumplirlas.
Empecemos por Tariquía. La frase presidencial sobre los «cuatro loquitos» no solamente resulta desafortunada, sino que minimiza una preocupación legítima que trasciende a un grupo de personas. Al parecer, no son cuatro ni están solos. Son ciudadanos que entienden que defender la reserva no significa estar en contra del desarrollo, sino exigir que el desarrollo no destruya aquello que también sostiene la vida y la economía del departamento.
Tariquía no es un terreno vacío esperando una inversión petrolera. Es un ecosistema que conserva biodiversidad, bosques, suelos y fuentes de agua de las que dependen comunidades y actividades productivas. Su valor no se mide únicamente en los recursos hidrocarburíferos que podrían encontrarse bajo tierra, sino también en los servicios ambientales que presta y en el patrimonio natural que representa para Tarija y Bolivia.
La discusión no puede reducirse a estar a favor o en contra del gas. Bolivia necesita recuperar su capacidad productiva, encontrar nuevas reservas y generar ingresos. Nadie desconoce esa necesidad. Pero tampoco se puede utilizar la crisis energética como argumento para que cualquier proyecto sea aceptado sin preguntas, sin estudios suficientemente transparentes y sin garantías ambientales.
Una reserva natural no puede conservar su nombre mientras se debilitan progresivamente las razones por las que fue protegida. Si se pretende ingresar con operaciones petroleras, abrir caminos, instalar plataformas y desarrollar perforaciones, el Gobierno tiene la obligación de explicar con claridad qué se hará, dónde, bajo qué condiciones y cuáles serán los riesgos para el agua, los bosques y las comunidades. La inversión no puede convertirse en una autorización para mirar hacia otro lado.
Y quienes defienden Tariquía no tienen que pedir disculpas por hacerlo. Tampoco necesitan demostrar que son mayoría para tener derecho a ser escuchados. En una democracia, la preocupación de unos cuantos ciudadanos puede ser tan legítima como la decisión de una autoridad. Descalificar a quienes cuestionan un proyecto no resuelve los problemas técnicos ni elimina los posibles impactos.
El Gobierno nacional debe demostrar que puede buscar gas sin poner en riesgo un patrimonio ambiental que pertenece a todos. Y si considera que la explotación es compatible con la protección de la reserva, debe probarlo con estudios públicos, evaluaciones independientes, consulta efectiva y controles verificables. El desarrollo no puede construirse sobre la desconfianza ni sobre la descalificación de quienes piensan diferente.
El segundo asunto es igualmente preocupante, la Agenda 50-50 y la distribución de los recursos públicos.
Durante meses se habló de una nueva relación entre el Gobierno nacional y las regiones, de fortalecer las autonomías y de corregir un centralismo que ha concentrado decisiones y recursos. Los gobernadores plantearon una redistribución que permita financiar sus competencias y dejar atrás una autonomía que muchas veces existe en el papel, pero que no cuenta con respaldo económico suficiente.
Sin embargo, ofrecer a las gobernaciones el 1% de los recursos tributarios que administra el nivel central, dentro de una estructura en la que este concentra alrededor del 75%, está muy lejos de representar el cambio que los departamentos esperan. Más aún cuando ese porcentaje aparece vinculado al crecimiento vegetativo de los ítems de salud.
La Gobernación de Tarija, a través de María René Soruco, ha expresado su desacuerdo con esa propuesta. Y tiene razones para hacerlo. No se puede hablar de autonomía mientras se pretende condicionar los recursos departamentales a obligaciones que también corresponden al nivel central. La salud es una responsabilidad compartida, pero eso no significa que se pueda trasladar progresivamente su costo a las gobernaciones sin un financiamiento claro, suficiente y sostenible.
No se puede entregar una responsabilidad sin entregar los recursos para cumplirla. De lo contrario, lo que se presenta como descentralización termina siendo una transferencia de problemas financieros hacia las regiones.
El 50-50 no puede convertirse en otra promesa política que se repite en reuniones, discursos y comunicados, pero que no se traduce en una transformación real. Tampoco puede reducirse a una cifra anunciada sin explicar cuánto dinero llegará efectivamente a cada departamento, bajo qué criterios se distribuirá y qué competencias deberán financiarse con esos recursos.
Tarija conoce demasiado bien las consecuencias de la dependencia económica del nivel central. Un departamento que ha aportado durante años a la economía nacional, especialmente mediante sus recursos hidrocarburíferos, no puede seguir reclamando que se le reconozca una participación justa en los ingresos que genera el país.
La posición de María René Soruco merece respaldo. No porque deba confrontar permanentemente al Gobierno nacional, sino porque tiene la obligación de defender la capacidad financiera de la institución que administra y los intereses de los tarijeños. Participar del diálogo no significa aceptar cualquier propuesta. El diálogo debe servir para alcanzar acuerdos equilibrados, no para legitimar decisiones que mantienen las desigualdades de siempre.
Tariqueños y tarijeños debemos comprender que ambos debates están conectados. No podemos permitir que se minimice la defensa de nuestro patrimonio natural mientras se nos pide aceptar una participación económica insuficiente. No podemos ser importantes cuando se trata de extraer recursos, pero secundarios cuando llega el momento de distribuir los beneficios y garantizar el financiamiento de nuestras instituciones.
Tarija necesita desarrollo, inversiones, empleo y recursos. Pero también necesita agua, protección ambiental, autonomía y capacidad de decisión. No son objetivos incompatibles. Lo que resulta incompatible con el futuro del departamento es aceptar que otros decidan por nosotros qué debemos sacrificar y cuánto debemos recibir a cambio.
Ni los defensores de Tariquía son unos «loquitos», ni el 1% puede presentarse como el 50-50. Tarija merece respeto, respuestas y decisiones que estén a la altura de su historia y de sus necesidades.
El desarrollo no puede medirse solamente por lo que se extrae de nuestro territorio, sino también por lo que queda para nuestra gente.
