El diputado por Tarija, Rodrigo Fuenzalida, señaló que las acciones asumidas recientemente en torno a la Fiscalía responden a una política de Estado vinculada con la seguridad, y sostuvo que el Ejecutivo habría trabajado de manera conjunta con la Policía y la DEA para llevar adelante estas actuaciones.
Fuenzalida indicó que el siguiente paso será la reunión convocada para el día lunes por el vicepresidente, instancia en la que el Congreso recibirá información y deberá asumir las decisiones que correspondan respecto a la situación de la Fiscalía General.
“Es el Congreso el único que puede suspender o destituir a un fiscal general y también elegir a uno nuevo”, afirmó el legislador, al remarcar que cualquier designación oficial debe ser realizada por el Legislativo.
Respecto a quién asumió temporalmente la conducción de la Fiscalía, explicó que se trata de una designación basada en la normativa interna de la institución, mediante la cual el decano con mayor antigüedad puede asumir el cargo ante una situación extraordinaria para evitar que la Fiscalía quede sin dirección.
“Lo que ha sucedido es que se ha autonombrado un fiscal por ser el decano para que no quede el sector sin cabeza, pero lo que corresponde es una designación total o general y oficial de parte del Congreso”, sostuvo Fuenzalida.
El diputado destacó además el trabajo realizado hasta el momento y consideró que las acciones desarrolladas permiten evidenciar que en la justicia se habrían producido maniobras que no responden a las necesidades de la población.
En ese sentido, afirmó que existen antecedentes sobre personas que, mediante recursos, habrían intervenido en determinadas decisiones judiciales, aunque remarcó la necesidad de establecer la verdad histórica de los hechos antes de asumir conclusiones.
“Ha habido gente que con recursos ha cambiado, ha modificado el tema de decisiones que se tenía, pero también es importante que se pueda llegar a la verdad histórica de los hechos”, manifestó.
Fuenzalida señaló que se exigirá a las nuevas fiscalías departamentales, particularmente a Santa Cruz, y a la Fiscalía General continuar con las investigaciones de casos que ya estaban en curso, entre ellos el caso de Cerimedo, hasta establecer lo ocurrido.
Asimismo, sostuvo que cualquier actuación contra una persona debe estar respaldada por elementos de prueba y no únicamente por denuncias.
“No se puede agarrar a alguien si simplemente por algunas denuncias, tiene que haber pruebas”, enfatizó el diputado, al referirse a la necesidad de que las investigaciones permitan sustentar las acciones que se adopten.
Sobre la reunión prevista para el lunes, Fuenzalida explicó que inicialmente los parlamentarios recibirán la información relacionada con las acciones ejecutadas por el Ejecutivo, para posteriormente evaluar las decisiones que correspondan dentro de las atribuciones del Congreso.
“Este ha sido un trabajo que ha realizado el Ejecutivo, es decir, el gobierno, no la parte del legislativo. Una vez que tengamos ese informe, seguramente se van a tomar decisiones”, señaló.
El legislador confirmó además que se conformará una comisión integrada por parlamentarios de todas las fuerzas políticas, con el objetivo de acceder a información y realizar investigaciones desde diferentes instancias.
“Ya está definido que el día lunes se conforma esta comisión y esperemos que dé resultados, porque este es un caso que aflige absolutamente a todos los bolivianos”, afirmó.
Fuenzalida sostuvo finalmente que la situación de la justicia requiere una reestructuración desde las bases, con el propósito de recuperar condiciones que permitan brindar tranquilidad a la población.
“La justicia no puede estar embarrada de esa manera. Es fundamental que tengamos una reestructuración desde las bases y podamos tener una justicia que al final dé estabilidad y tranquilidad a todos”.
