Comisión Liquidadora de COSETT cuestiona designación de un gerente y advierte sobre remates, robos y convocatoria a una asamblea

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Marco Antonio Batallanos Aucachi, integrante de la Comisión Liquidadora de COSETT y representante de los socios, cuestionó las acciones atribuidas a Mario Castillo dentro de la cooperativa y sostuvo que la comisión tiene atribuciones específicas orientadas a determinar la situación técnica, financiera y administrativa de la institución, pero no la designación de gerentes.

Batallanos explicó que forma parte de la comisión de liquidación junto con Castillo, luego de haber sido elegidos en una asamblea convocada por FECOTEL y la cooperativa, con participación de la Federación de Cooperativas, a la que identificó como el ente matriz de las cooperativas del país.

El representante de los socios afirmó que actualmente existe una persona que se presenta como gerente de COSETT, aunque negó que tenga ese cargo.

“Castillo dice que posesionó a un gerente. Hay un señor que se hace pasar por gerente de la cooperativa. No es gerente. Yo ni lo conozco”.

Batallanos señaló que, ante la situación económica de la cooperativa, se convocó a una asamblea de socios en la que planteó la posibilidad de disolver y liquidar COSETT. Como parte de la situación expuesta, mencionó que el edificio central estaría próximo a ser rematado y recordó que ya se produjeron remates de otros dos inmuebles.

“El edificio central está a punto de rematarse por una miseria. Se han rematado dos ya. Una subcentral de Morros Blancos y otra del Mercado Campesino”.

Según explicó, los socios plantearon que Batallanos los represente dentro de la comisión, mientras que la normativa establece la participación de un representante de los socios y otro de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOC).

El representante observó, sin embargo, que existe una diferencia entre la ley y el estatuto de la cooperativa respecto a la composición de la comisión, debido a que este último contempla además a un representante del Consejo de Administración y Vigilancia, espacio en el que fue incorporado Mario Castillo.

Batallanos afirmó que, pese a respetar a Castillo, no comparte algunas de las acciones que atribuye al exconsejero, particularmente la designación de personas para ocupar cargos ejecutivos dentro de la cooperativa.

“Don Mario Castillo, yo no tengo nada contra él, es una persona que yo respeto mucho, pero no comparto lo que intenta hacer”.

Explicó que la comisión tiene como función elaborar informes técnicos, financieros y administrativos para establecer si COSETT puede continuar funcionando o si corresponde su disolución y la creación de una nueva empresa. En ese sentido, sostuvo que la designación de gerentes no forma parte de sus atribuciones.

“La comisión tiene facultades específicas en el estatuto. Es presentar los informes técnicos, financieros, administrativos, para ver si la cooperativa sigue viva, o finalmente se disuelve y se crea una nueva empresa. No es nuestra responsabilidad poner gerentes”.

Batallanos citó además el artículo 61 de la normativa cooperativa, según el cual los gerentes constituyen la instancia operativa y son designados por el Consejo de Administración conforme al reglamento interno.

“No dice la ley que una comisión liquidadora tiene la facultad para poner gerentes. Si no, yo hubiera traído pues a mi grupo de amigos, venga, voy a ser gerente de operaciones, recursos humanos. No puedo hacer eso”.

También rechazó que la comisión tenga atribuciones para remover o designar funcionarios de COSETT.

“No puedo tampoco votar a funcionarios de la cooperativa. No es mi responsabilidad. No soy administrador en la cooperativa”.

A criterio de Batallanos, las diferencias se agravan por la interpretación de las funciones de la comisión. “Yo creo que ahí don Mario Castillo está totalmente mal asesorado”, manifestó.

El representante sostuvo que el mandato recibido de la última asamblea contempla ocho puntos, entre ellos la continuidad de los servicios de telecomunicación, la preservación de la unidad económica en marcha y el levantamiento de un inventario técnico, financiero, legal y patrimonial.

Batallanos afirmó que este último trabajo se encuentra avanzado y que deberá presentar ante la asamblea una evaluación destinada a establecer si la cooperativa puede continuar funcionando o si corresponde su liquidación definitiva.

Entre las tareas también mencionó la verificación y conciliación de obligaciones laborales, sociales, tributarias, financieras y comerciales, además de la protección de activos esenciales frente a posibles remates y la coordinación con AFCO y ATT.

Sobre este último aspecto, sostuvo que tuvo que asumir gestiones judiciales debido a que, según su versión, durante el primer mes de trabajo de la comisión Castillo no se habría apersonado a los procesos. Batallanos señaló que intervino en los casos relacionados con los bienes de la cooperativa para intentar evitar nuevos remates.

“Me tuve que apersonar todos los procesos para un poco tratar de evitar los remates que se estaban dando en la cooperativa”.

Respecto a la situación de seguridad de la cooperativa, Batallanos informó que existen 14 denuncias por robos vinculados a COSETT y que todos los casos se encuentran en investigación de la Fiscalía.

“Existen denuncias, son 14 robos que ha sufrido la cooperativa de cable. Todos están en la Fiscalía”.

Relató además que en uno de los casos algunas personas habrían sido encontradas en flagrancia dentro de una vagoneta, donde, según indicó, se encontró documentación perteneciente a una empresa de telecomunicaciones. Señaló que la Fiscalía realizó la imputación correspondiente y que los involucrados se encuentran con medidas sustitutivas.

Batallanos agregó que se reunió con la nueva fiscal departamental, Leslie Alemán, quien, según afirmó, manifestó disposición para coadyuvar y agilizar las investigaciones relacionadas con estos casos.

En cuanto al retiro de cable de la cooperativa, aclaró que se trata de material que actualmente no está en uso debido a que corresponde a un servicio que ya no se presta. Indicó que existen varias empresas interesadas en la compra de cable y cobre y que una de ellas, identificada como una empresa de Santa Cruz, presentó una propuesta.

Explicó que el material está siendo retirado por trabajadores de la propia cooperativa, bajo instrucción de la gerencia general y con supervisión de la Comisión Liquidadora.

“Son los mismos trabajadores que están sacando los cables. Pero a instrucción de gerencia general. Con supervisión de la comisión de liquidación, que es mi persona. Yo soy representante de los socios”.

Batallanos señaló que, frente a una eventual venta del material, se plantearon interrogantes respecto al manejo de los recursos, debido a la situación financiera de COSETT.

“Nosotros preguntábamos, y le decíamos, ¿cómo manejarán estos costos? Porque no hay cuentas de COSETT”.

Finalmente, cuestionó la convocatoria a una asamblea difundida públicamente por Mario Castillo, al sostener que una persona individual no tendría atribuciones para convocar por sí sola a una asamblea de socios.

“Yo lo quiero decir a los socios de la ciudad de Tarija. A los pocos que quedan. Nadie. Ni siquiera yo solo puedo convocar a una asamblea. Tiene que ser a través del ente matriz que es la Federación de Cooperativas”.

Batallanos afirmó que entre los puntos incluidos en esa convocatoria figura el desconocimiento de su persona, además de temas relacionados con la venta de cables y un proyecto, aspectos que, según sostuvo, no coinciden con el mandato establecido por la última asamblea.

Según su versión, la Federación de Cooperativas emitió el 23 de septiembre un comunicado oficial dirigido a Castillo, en el que le pidió respetar la normativa y el estatuto de la cooperativa, cuestionando la forma en que se realizó la convocatoria.

El representante de los socios también observó que Castillo habría firmado la convocatoria como integrante del Consejo de Vigilancia y de la Comisión Liquidadora. Al respecto, presentó el acta de posesión de los consejeros, correspondiente al 31 de julio de 2022, y sostuvo que el estatuto establece que el mandato tiene una duración de cuatro años y es improrrogable.

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