El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, advirtió que el incremento del precio del diésel representa un impacto significativo para las finanzas departamentales y señaló que existe además la posibilidad de que en enero de 2027 se elimine la subvención a otros combustibles, entre ellos el GNV, el GLP y la gasolina.
“Existe una posibilidad importante de que en enero del 2027 ya se elimine también la subvención al GNV, al GLP y también a la gasolina. Por lo tanto, creo que estamos en una situación muy preocupante, de urgencia”, afirmó Romero, quien indicó que en los próximos días, una vez que se cuente con los números, podrá proporcionar información más concreta.
El secretario explicó que el mayor costo del diésel tendrá incidencia en distintas actividades de la Gobernación, debido a que se requerirán mayores recursos para inversión y funcionamiento. Señaló que el combustible es necesario para ampliar y mejorar caminos, ejecutar trabajos de ampliación de la frontera agrícola y riego, además de permitir el funcionamiento de la maquinaria del Sedeca y de vehículos departamentales.
Romero agregó que el impacto también podría trasladarse a los costos de operación del sector público y privado, con posibles repercusiones sobre los productos y servicios que adquiere la Gobernación y que posteriormente son destinados a áreas como salud y desarrollo productivo.
“Entonces, es un golpe duro a las finanzas de la Gobernación, lo cual no ha caído bien”, manifestó el secretario, quien vinculó la medida con una reforma fiscal que, según su declaración, está implementando el Gobierno.
En ese contexto, Romero planteó que el Gobierno Nacional debería convocar a los gobiernos subnacionales para analizar mecanismos de alivio fiscal y una mayor asignación de recursos a los gobiernos departamentales, tomando en cuenta el incremento de los costos destinados a la compra de combustibles.
Respecto al POA 2027 de la Gobernación, Romero aseguró que el Ejecutivo departamental cumplió los plazos establecidos en las directrices presupuestarias emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y atribuyó las dificultades para su tratamiento a factores políticos y a observaciones relacionadas con las actas de socialización.
“Nosotros hemos estado esperando que el POA sea aprobado en el menor tiempo posible. Se ha cumplido lo que corresponde dentro de las directrices presupuestarias emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”, sostuvo.
El secretario afirmó que no existe una normativa nacional ni departamental que obligue a presentar actas de socialización como requisito y aclaró que esto, según su posición, no significa que el documento no haya sido socializado con diferentes sectores.
Romero destacó que el POA contempla un 64% de inversión pública, porcentaje que, explicó, incluye proyectos, programas y transferencias, entre ellas las destinadas al GNV, el Prosol y los municipios. Añadió que la planificación prioriza salud, desarrollo productivo y turismo.
“Para mí es importante porque hemos hecho un salto, yo diría, cualitativo y cuantitativo de la inversión pública que está apuntando principalmente a salud, desarrollo productivo y que esto va a traer paulatinamente mejores días a la población”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que la situación financiera del departamento continúa condicionada por su dependencia de los ingresos provenientes de la renta petrolera. Según Romero, cerca del 90% del presupuesto de ingresos depende de la renta petrolera, mientras que el escenario actual podría dificultar que el monto programado en el POA se traduzca en liquidez efectiva.
“Por más que esté en papel y tengamos 595 millones en presupuesto, va a ser muy difícil que llegue a esa liquidez en ese nuevo escenario fiscal”, señaló.
El secretario también explicó que del total del presupuesto contemplado en el POA, aproximadamente 15% corresponde a transferencias a gobiernos municipales y otras entidades nacionales, por lo que, según indicó, alrededor del 85% es administrado directamente por la Gobernación.
En relación con el tratamiento del POA, Romero sostuvo que para que el documento continúe su curso y sea considerado plenamente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, resta adjuntar la ley del POA y el presupuesto 2027 aprobado. También cuestionó que desde la Asamblea Legislativa Departamental se hubiera presentado anteriormente un POA que, según su declaración, no habría sido aprobado ni consensuado por las comisiones y bancadas.
El funcionario indicó que la Gobernación incorporó dentro de su presupuesto el monto correspondiente a la Asamblea, pese a las diferencias existentes sobre el documento presentado por el Legislativo. “A pesar de que ellos han soltado 17,5 millones de bolivianos y más del 95% se van a sueldos y salarios, no hemos tenido miramientos, pensando de que iba a haber pragmatismo”, manifestó.
Romero señaló además que algunos de los principales proyectos departamentales ya fueron concluidos y que otros forman parte de la planificación para 2027, entre ellos el Oncológico y el centro de salud y asistencia social destinado a personas con discapacidad.
El secretario reiteró que la Gobernación no puede presentar documentación que, según su interpretación, no sea exigida por la normativa y sostuvo que las observaciones sobre las actas de socialización ya fueron explicadas. Como respaldo a la socialización del POA, mencionó el trabajo realizado con sectores de adultos mayores, turismo, salud y campesinos.
Dentro de las prioridades presupuestarias, Romero destacó el incremento del Prosol hasta Bs 34 millones, además de mayores recursos para el mejoramiento de caminos y la creación de programas como Pro-Campo y otros destinados a apoyar emprendimientos y al sector agropecuario de Tarija.
Finalmente, sostuvo que la Gobernación atraviesa un proceso de transición hacia un modelo de gestión con mayores recursos destinados a turismo, salud y desarrollo productivo, pero remarcó que la ejecución de estas políticas también dependerá del apoyo y consenso entre la Gobernación, la Asamblea, las alcaldías y el Gobierno Nacional frente al nuevo escenario generado por el incremento del costo del diésel.
