El empresario y político Samuel Doria Medina observó que el proyecto de Ley de Inversiones, enviado por el Gobierno a la Asamblea, establece un sistema “altamente burocrático” para la calificación de proyectos que accederán a incentivos tributarios, por lo cual planteó modificar la norma para que esos beneficios sean automáticos y uniformes.
A través de redes sociales, Doria Medina señaló que el proyecto es “ampuloso e intrincado”, tanto por sus 38 artículos dedicados a justificaciones, argumentos y definiciones como por el mecanismo previsto para determinar las inversiones elegibles y seleccionadas.
Según su análisis, la iniciativa contempla una matriz de 100 puntos mediante la cual se establecería la cantidad de beneficios que recibirá cada inversor. Cuestionó que el sistema requiera, entre otros procedimientos, la aprobación de planes de inversión quinquenales y la creación de una nueva agencia especializada en la calificación de proyectos.
Doria Medina advirtió además sobre un posible “riesgo moral”, debido a que la magnitud de los beneficios tributarios dependería de decisiones de funcionarios públicos. Señaló que un proyecto podría recibir desde un 20% hasta un 100% de liberación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y otros impuestos y aranceles.
Señaló que estos beneficios dependerían de funcionarios, quienes “no son ángeles incorruptibles”.
Como alternativa, planteó que la Asamblea modifique la norma para establecer incentivos “automáticos y planos” para todos los proyectos que correspondan a un mismo tamaño de inversión, con el objetivo de reducir la discrecionalidad en la asignación de beneficios.
No obstante, consideró que deberían mantenerse del proyecto las alianzas público-privadas y el enfoque que, en su opinión, busca ubicar al país “en el centro”, combinando la necesidad de atraer inversiones con atribuciones fuertes del Estado en materia de recursos naturales.
Finalmente, Doria Medina expresó su expectativa de que el Ejecutivo acepte discutir el proyecto de ley y pidió que su eventual aprobación no se produzca “por consigna política”. /ERBOL
