Autoridades nacionales, departamentales y municipales avanzan en la construcción de la Agenda 50-50, un proceso de co-construcción que busca impulsar una reforma estructural del Estado para fortalecer las autonomías, ampliar las competencias de los gobiernos departamentales y mejorar la calidad de vida de la población mediante una gestión territorial más eficiente y con mayores capacidades de generación de recursos propios.
Entre tanto, con el Acuerdo 50/50, firmado en la ciudad de Sucre el 5 de agosto de 2026, plantea que la autonomía continúa siendo un proceso inconcluso y señala la necesidad de consolidar las libertades competenciales, económico-financieras, presupuestarias y de generación de recursos propios. Asimismo, sostiene que los resultados del Censo 2024 evidencian la urgencia de reducir la desigualdad y la pobreza mediante un régimen autonómico más efectivo.
El acuerdo indica que uno de los principales ejes de trabajo será el fortalecimiento de la autonomía tributaria, mediante la evaluación de mecanismos para ampliar la capacidad de los gobiernos departamentales de generar y administrar ingresos propios. Entre las medidas planteadas se encuentra la posibilidad de ampliar el dominio tributario departamental, analizar la creación de nuevos tributos dentro del marco constitucional, evaluar la aplicación de sobretasas y modificar la Ley N.º 154, cuyo proyecto deberá elaborarse en un plazo máximo de 90 días.
El acuerdo también propone revisar las normas nacionales que actualmente condicionan el destino del gasto de las gobernaciones y avanzar hacia una mayor autonomía en la gestión presupuestaria, reservando al nivel central únicamente el control de los agregados fiscales y permitiendo que los gobiernos departamentales definan la composición de sus presupuestos. Asimismo, plantea reemplazar las autorizaciones previas por obligaciones de información y simplificar los mecanismos de reporte bajo el principio de «una sola vez, un solo canal y un solo formato».
Otro de los puntos centrales contempla la revisión del régimen de competencias y financiamiento intergubernamental, con el objetivo de equilibrar las transferencias fiscales con las competencias reconocidas constitucionalmente. En ese marco, las partes acordaron conformar una mesa técnica especializada para elaborar una propuesta de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales, con la finalidad de presentarla durante la presente gestión legislativa y viabilizar su aplicación desde la gestión fiscal 2027.
La Agenda 50/50 también incorpora la revisión de los criterios de distribución de los ingresos fiscales, proponiendo evaluar mecanismos que premien la eficiencia, el desempeño económico departamental y la equidad territorial. Además, plantea fortalecer la protección del régimen autonómico mediante ajustes normativos e institucionales, impulsar alianzas público-privadas, ampliar las capacidades para acceder a financiamiento externo, analizar la creación de fondos de compensación y evaluar la transferencia progresiva de instituciones públicas a la administración departamental.
En el ámbito financiero, el acuerdo reconoce la situación económica que atraviesan las gobernaciones y establece un cronograma de trabajo para analizar e implementar medidas de alivio fiscal, incluyendo mecanismos de reprogramación o diferimiento de obligaciones financieras y otras acciones destinadas a garantizar la sostenibilidad fiscal de los gobiernos departamentales.
Además, la implementación de la Agenda 50/50 se desarrollará sobre la base de información objetiva, verificable y compartida, con el compromiso del Gobierno Nacional de proporcionar los datos necesarios y de las entidades territoriales autónomas de aportar diagnósticos e insumos técnicos para construir propuestas consensuadas.
Finalmente, el Gobierno Nacional sostendrá encuentros con los gobiernos municipales, autonomías indígena originario campesinas y el Gobierno Regional del Chaco para alcanzar acuerdos similares. Una vez concluidas esas reuniones, se convocará al Consejo de Coordinación Técnica de la Agenda 50-50 para consolidar el Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías. Asimismo, se definirá una metodología que permita evaluar progresivamente el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 50-50, cuyos consensos podrán materializarse mediante proyectos de ley, decretos supremos, convenios intergubernativos, acuerdos fiscales, reformas reglamentarias y medidas administrativas, entre otros instrumentos.
