El Ministerio Público presentó una apelación contra la decisión judicial que concedió detención domiciliaria a Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. En paralelo, el Consejo de la Magistratura anunció que solicitará un informe para conocer los fundamentos que respaldaron la resolución.
La medida judicial se conoció días atrás, luego de una audiencia virtual de cesación de la detención preventiva, en la que un juez dispuso que la imputada deje el penal de Palmasola y cumpla arresto domiciliario bajo determinadas condiciones.
El fiscal Gomer Padilla confirmó que la Fiscalía busca revertir la decisión mediante un recurso de apelación. Explicó que la resolución aún debe cumplir varios requisitos antes de su ejecución y que el Ministerio Público espera la convocatoria a la audiencia en la que se analizará el recurso.
Asimismo, indicó que, a criterio de la Fiscalía, persiste al menos uno de los riesgos procesales previstos en la normativa penal, por lo que considera que no existen elementos suficientes para modificar la detención preventiva.
“El juez ha determinado ya el tema de la cesación. Que tiene que cumplir ciertos extremos para que el juez recién libere o sé otorgue su mandamiento, pese a que esa resolución el suscrito fiscal la ha apelado”, indicó.
Respecto a las versiones que señalan que Tatiana Marset cumplirá el arresto domiciliario en el inmueble de su abogada, Padilla precisó que durante la audiencia se acreditó un domicilio, aunque afirmó que no se especificó que correspondiera al de la defensa legal. Agregó que será esa dirección la que deberá verificar la autoridad judicial al momento de ejecutar la resolución.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó que la institución requerirá un informe sobre la actuación del juez que otorgó la medida sustitutiva. La autoridad expresó su preocupación por recientes resoluciones judiciales que modificaron detenciones preventivas en distintos procesos y afirmó que el Consejo revisará si las actuaciones se ajustaron a la normativa vigente.
Spencer aclaró que el Consejo de la Magistratura no puede pronunciarse sobre el contenido de las decisiones judiciales, aunque sí puede evaluar el cumplimiento de los procedimientos administrativos por parte de los operadores de justicia. /La Razón
