El Gobierno denunció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destinó más de 470 millones de bolivianos en los últimos cinco años para “búnkers digitales”, pero que no lograron implementar un sistema capaz de garantizar la trazabilidad del combustible ni evitar presuntas irregularidades en su asignación y despacho.
El informe fue proporcionado por el viceministro de Transparencia, Yamil García, en el marco de la intervención que el Gobierno realiza mediante una comisión en YPFB.
Según la autoridad, las anomalías en la distribución de combustible evidencian que los sistemas tecnológicos de YPFB no contaban con alertas suficientes para detectar las inconsistencias.
“Los bolivianos hemos gastado más de 470 millones de bolivianos en los últimos cinco años para montar búnkers digitales”, afirmó, al cuestionar que esa inversión no se haya traducido en un sistema informático y digital que permita realizar un seguimiento integral del combustible.
García afirmó que la responsabilidad será investigada tanto en el nivel operativo como en el ejecutivo, debido a los recursos destinados a infraestructura tecnológica sin que se hubieran generado soluciones estructurales frente al contrabando y desvío de combustible.
Según explicó, entre las irregularidades detectadas figuran la venta irregular y anticipada de combustible, la facturación anticipada de millones de litros que aún no habían llegado al territorio nacional y la asignación discrecional de despachos a determinados compradores y proveedores.
También se identificaron, según la autoridad, modificaciones posteriores en las tablas de control, la existencia de usuarios externos que habrían incidido en la asignación de despachos y desfases entre los volúmenes programados, despachados y facturados.
“Lo que es más grave”, señaló García, es que algunas modificaciones se efectuaban de forma retroactiva, presuntamente con la finalidad de favorecer a contrabandistas y desviar combustible.
La autoridad anunció que se iniciarán acciones en dos niveles. Por una parte, se investigará a usuarios, operadores, funcionarios y despachantes identificados en las presuntas operaciones irregulares, contra quienes se prevé la apertura de procesos penales.
Por otra, el Gobierno busca determinar quiénes permitieron que usuarios continuaran interactuando con sistemas considerados vulnerables.
En ese marco, García informó que fueron identificados más de 300 usuarios que mantenían interacción con los sistemas y que sus accesos ya fueron cortados. Sin embargo, aclaró que esta medida constituye solamente una acción correctiva y que todavía se busca establecer qué funcionarios o exfuncionarios permitieron la continuidad de esas operaciones.
Para esa tarea, el Gobierno requirió la participación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), con el objetivo de realizar una intervención técnica y tecnológica que permita identificar a los responsables de mantener activos esos accesos y determinar cómo se produjeron las interacciones señaladas. /ERBOL
