La Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Diputados concluyó que existieron fallas en el control de calidad de combustibles importado e identificó contratos que generaron daño económico.
La Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Diputados concluyó su investigación sobre la “gasolina desestabilizada” que dañó miles de vehículos en el país y concluyó que existieron fallas en el control de calidad de combustibles importados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y contratos que generaron daño económico al Estado.
Además, identificó a autoridades actuales y otras que ya dejaron el cargo como presuntos responsables.
El diputado de Unidad, Pablo Ernesto Ávila, informó que la comisión especial de la Cámara de Diputados presentó un informe de más de 1.600 páginas ante la Asamblea Legislativa.
Según el legislador, el documento aún debe ser expuesto y aprobado por el pleno camaral antes de ser remitido al Ministerio Público para que se asuman las acciones correspondientes.
Al respecto, el diputado Carlos Alarcón dijo que el informe señala como posibles responsables al expresidente Luis Arce Catacora y los exministros Alejandro Gallardo y Mauricio Medinaceli por la emisión de los Decretos Supremos 5218 y 5313 y por la creación de un marco jurídico favorable para la internación de carburantes sin controles de calidad.
Asimismo, reveló que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) había ordenado el precintado de cinco tanques por presunta gasolina desestabilizada. Sin embargo, el Ministerio de Hidrocarburos, con la Resolución Ministerial N° 041/2026 del 3 de marzo de 2026, autorizó el desprecintado para garantizar el abastecimiento en el mercado interno.
La comisión también apunta en contra de los expresidentes de YPFB, Armin Dorgathen y Yussef Akly por supuestamente haber introducido al país lotes de combustible base sin las especificaciones completas de estabilidad química, amparándose en resoluciones de excepción por “urgencia”.
“La ANH también informó a la Comisión que YPFB observó los certificados de calidad – Diésel emitidos en octubre, noviembre y diciembre de 2025, por Intertek y Amspec, porque estas certificaciones, según el certificado observado, no presentaron datos de punto de escurrimiento, residuo carbonoso y agua y sedimentos”, remarcó Alarcón.
Respecto a los contratos de YPFB con Trafigura de las gestiones 2025 y 2026, “la Comisión señala que llama la atención la fluctuación del valor del premio de cada contrato, denotando una presunta inflación de los precios, mismos que deben investigarse por la autoridad competente”.
Mientras que con relación a las compras de crudo, gasolina y diésel por YPFB el informe concluye, como hallazgo preliminar, la “existencia de una fluctuación en los montos por conceptos de “PREMIO” dentro de los contratos suscritos entre YPFB y empresas transnacionales”.
El diputado señaló que, de acuerdo con la investigación, los problemas comenzaron en 2022, cuando mediante decretos supremos se habrían flexibilizado las exigencias de calidad para la gasolina importada.
El diputado Ávila reveló también que se revisaron 121 lotes de combustible. De ellos, mencionó que 84 correspondían a Vitol, 13 a Trafigura y uno a Energy. Además, denunció que más de 20 cisternas o lotes no contaban con información clara sobre su ingreso, calidad o frontera de procedencia.
Ávila mencionó a varias empresas que, según su versión, no estaban habilitadas contractualmente para certificar combustible a YPFB.
Otra observación del informe, según el diputado, es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no contaría con laboratorios suficientes para realizar análisis completos de calidad.
El legislador indicó que la comisión sostuvo reuniones con el fiscal general del Estado y que, una vez aprobado por el pleno, el informe se remitirá al Ministerio Público. /La Razón
