El acuerdo suscrito entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y la Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Mario Argollo, establece 29 compromisos orientados a la pacificación del país. Entre los principales puntos figuran la promesa de no privatizar empresas públicas estratégicas, no impulsar procesos de persecución política o judicial contra dirigentes sindicales, garantizar el fuero sindical, socializar con los sectores sociales los proyectos normativos antes de su envío a la Asamblea Legislativa y cumplir las ofertas planteadas durante la campaña electoral.
Estos compromisos fueron asumidos como parte de las condiciones acordadas para poner fin a la crisis social y política que se prolongó durante 50 días de bloqueos de caminos y protestas.
Las movilizaciones fueron impulsadas por sectores que cuestionaban al Gobierno por presuntos incumplimientos de compromisos electorales y por la exclusión de organizaciones sociales que respaldaron la candidatura del binomio Rodrigo Paz–Edmand Lara.
En el documento, el Gobierno se compromete a no impulsar ninguna norma que criminalice la protesta social (ley antibloqueos), y a no promover persecuciones políticas o judiciales contra dirigentes sindicales, quienes además contarán con garantías reforzadas para el ejercicio de sus funciones sindicales.
Asimismo, Rodrigo Paz asumió el compromiso de cumplir el programa de gobierno presentado durante la campaña electoral y de promover mecanismos periódicos de información pública sobre los avances de gestión y el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos ante la población.
Otro de los puntos centrales señala que el Gobierno no privatizará empresas públicas estratégicas ni entregará recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano.
