El presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, informó que en la ciudad de La Paz se presentó una querella penal ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de terrorismo, instigación a la violencia, obstrucción a la transitabilidad y vulneración de derechos constitucionales, entre otros.
Corvera señaló que la acción legal busca que se inicie una investigación formal sobre los hechos relacionados con los bloqueos y las movilizaciones. “Hemos pedido de manera muy clamorosa, muy abierta, hasta por carta, que se inicien estos procesos. Hasta el día de hoy no hay una investigación siquiera abierta”, afirmó.
Indicó además que durante varios días se trabajó en la preparación de la querella, la cual fue presentada contra “autores y coautores” en diferentes niveles. Explicó que se busca identificar tanto a los autores materiales de las muertes, de los bloqueos y de la instigación de violencia, como también a los organizadores e instigadores.
En ese marco, anunció querellas específicas contra el senador Milton Condori, el dirigente Mario Argollo, el ejecutivo de la Fejuve de El Alto, además del expresidente Evo Morales y otras dos personas que, según indicó, estarían inmiscuidas en estos hechos.
Corvera aseguró que existen “evidencias suficientes y sustanciales” mediante declaraciones, acciones y actos presenciales que demostrarían que se instigó a la violencia, a la muerte y a mantener al país en convulsión. “Hemos presentado todos estos elementos y vamos a esperar que se haga la aceptación y el inicio de la investigación y de los procesos ante esta situación”, manifestó.
Asimismo, explicó que la responsabilidad de presentar esta querella está siendo asumida por varios diputados, quienes posteriormente realizarán la lectura pública de la acción legal y de los elementos incluidos en ella.
El legislador sostuvo que es necesario comenzar a tomar medidas legales y dejar un precedente para evitar que, según afirmó, el país continúe siendo “secuestrado” por lo que calificó como una “dictadura sindical” entre movimientos sociales.
No obstante, aclaró que existe respeto hacia las bases de los movimientos sociales y que las acusaciones están dirigidas a personas específicas que, según dijo, coercionan a quienes los siguen para ejecutar medidas de presión, bloqueos y acciones que consideró como vulneraciones a los derechos humanos.
Corvera afirmó también que algunos de estos hechos podrían constituirse en “crímenes de lesa humanidad”, razón por la cual se solicitó a la Fiscalía y a las instancias correspondientes que la querella sea homologada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, remarcó que el objetivo es generar un antecedente legal y un precedente frente a este tipo de conflictos.
