El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, informó que la institución impulsa un “pacto fiscal interno” que deberá concretarse inicialmente con la Asamblea Legislativa Departamental, las alcaldías y otras entidades con las que existen compromisos financieros y de distinta índole.
Romero explicó que otra parte de este pacto fiscal contempla la búsqueda de conciliación de cuentas con el Gobierno central, iniciativa que formará parte de un proyecto denominado “50 a 50”.
La autoridad detalló que la Gobernación mantiene un pasivo importante con el FNDR y otras deudas con la banca privada, situación que obligaría a desembolsar cerca de 17 millones de bolivianos el próximo mes de julio.
“Ojalá que eso se pueda evitar o al menos estirar en el tema temporal”, manifestó.
Romero señaló que tenían previsto reunirse con el ministro de Planificación y el ministro de Economía para abordar varios temas relacionados con la programación de la deuda, cooperación financiera y el pacto fiscal.
Asimismo, indicó que se busca, con el apoyo de otras gobernaciones, que deje de realizarse la retención del 12% destinado al fondo del sector hidrocarburífero. También afirmó que se pretende que las competencias exclusivas del Gobierno central sean asumidas nuevamente por ese nivel del Estado.
El secretario de Economía sostuvo que, tras una reciente reunión en Sucre, quedó evidenciado que las gobernaciones atraviesan una situación financiera delicada y afirmó que Tarija es “la punta de lanza” de esa crisis.
Por ello, anunció que la Gobernación trabaja en una reestructuración financiera que será presentada el próximo miércoles, una vez que se cumpla el primer mes de gestión.
Romero aseguró que actualmente existe “un sinfín de pasivos y obligaciones” con entidades locales y nacionales, y señaló que la anterior gestión solo presentó “una radiografía” de la situación financiera.
“Nosotros vamos a presentar una tomografía, algo más profundo y estructural para que se sepa por parte de la población y las autoridades cuál es el verdadero nivel crítico de la situación financiera”, afirmó.
La autoridad añadió que, además del diagnóstico, se plantearán propuestas financieras para intentar sanear parcialmente la situación hasta fin de año, aunque aclaró que ello dependerá también de la voluntad política de la Asamblea, las alcaldías y el Gobierno central.
Romero indicó que existen entre 15 y 20 competencias que podrían dejar de ser financiadas por la Gobernación, lo que permitiría generar ahorros en áreas como prediarios, ítems de salud y otros gastos cuya sostenibilidad debe ser evaluada.
Explicó que el Gobierno departamental recibe en promedio poco más de 20 millones de bolivianos por concepto de renta petrolera, IDH y regalías hidrocarburíferas, ingresos que actualmente tienden a disminuir debido a la caída en la producción de gas natural.
Sin embargo, advirtió que los compromisos financieros continúan creciendo y estimó que la deuda con la banca privada, incluyendo el FNDR, alcanza alrededor de 800 millones de bolivianos.
Además, señaló que existen procesos contenciosos con empresas constructoras cuyos contratos fueron rescindidos y que podrían derivar en pagos adicionales cercanos a 200 millones de bolivianos.
“Los juicios que hasta el momento hemos visto, la gran mayoría se ha perdido, y eso es extraño”, afirmó Romero, anunciando que se realizará una auditoría financiera y legal.
La autoridad también mencionó la existencia de deuda flotante y otros compromisos devengados que todavía deben ser evaluados.
Finalmente, aseguró que la Gobernación buscará alternativas para salir de la crisis financiera y sostuvo que el plan estratégico de salvataje requerirá el apoyo conjunto de la Asamblea, las alcaldías, el Gobierno central y otras instituciones.
