El diputado nacional por Tarija, Rodrigo Fuenzalida, aseguró que existe plena convicción de que se aprobará la abrogación de la Ley 1341, al considerar que la propia Constitución Política del Estado, en sus artículos 137 y 140, establece las características y motivos para aplicar un estado de excepción, además de definir los derechos que no pueden ser vulnerados incluso en esas circunstancias.
Fuenzalida explicó que entre los derechos intocables se encuentran “el derecho a la vida y la integridad física, el derecho de las personas privadas de libertad, el derecho a la información y el derecho a no ser sometido a tortura, servidumbre ni destierro”. Asimismo, señaló que la Constitución también establece la obligación de una rendición de cuentas sobre todo lo ocurrido durante un estado de excepción.
El legislador cuestionó la Ley 1341, indicando que tenía “más de 25 artículos que lo único que hacían era empantanar las decisiones”, además de trasladar responsabilidades al órgano legislativo cuando, según afirmó, estas corresponden al Ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que esta normativa impedía actuar frente a la vulneración de derechos que actualmente se estaría registrando por los bloqueos.
“Con esto, policías y militares van a poder ayudar a desbloquear las zonas”, afirmó Fuenzalida, agregando que jueces y fiscales también deberán actuar de manera inmediata contra quienes estén promoviendo bloqueos y afectando al país. Además, señaló que se deberán realizar investigaciones completas respecto a los fallecidos registrados en estos conflictos para posteriormente juzgar a los responsables.
El diputado explicó que la abrogación permitirá que el Presidente, mediante decreto y en Consejo de Ministros, pueda declarar un estado de excepción. Indicó que la denominada “Ley Eva Copa” limitaba la posibilidad de aplicar esta figura constitucional, dificultando la toma de decisiones por parte del Gobierno nacional.
Según Fuenzalida, el Ejecutivo tomará determinaciones orientadas a devolver “paz y tranquilidad al país”, argumentando que “el 99% de la población quiere trabajar, desarrollarse, viajar, desplazarse y que lleguen alimentos y oxígeno a los hospitales”.
Asimismo, sostuvo que esta medida permitirá que jueces y fiscales inicien procesos contra quienes lideran las movilizaciones. “Lo único que buscan es desestabilizar al gobierno y romper con la democracia en Bolivia”, afirmó al referirse a algunos sectores movilizados.
Fuenzalida también aclaró que el estado de excepción podría aplicarse de manera sectorializada en las regiones donde existan conflictos, sin afectar necesariamente a otros departamentos como Tarija. Indicó que esta figura constitucional permitirá levantar los bloqueos y juzgar a las personas involucradas en estas acciones.
Finalmente, informó que la Cámara de Diputados ya fue convocada para tratar el tema y expresó su confianza en que la norma será aprobada de manera inmediata. “A partir de ahí ya el presidente tiene que promulgarla”, indicó, señalando que posteriormente el mandatario definirá la aplicación del estado de excepción mediante una reunión con sus ministros.
