El diputado nacional por Tarija, Rodrigo Fuenzalida, manifestó su preocupación por la coyuntura nacional y señaló que la anterior semana la Cámara de Diputados emitió una resolución camaral en la que se solicitaron distintas medidas frente a los conflictos y bloqueos registrados en el país.
Fuenzalida indicó que una de las principales solicitudes fue una “pausa humanitaria” para permitir el ingreso de alimentos a las regiones afectadas por los bloqueos, especialmente en La Paz. Según afirmó, un pollo de menos de dos kilogramos llegó a costar casi 100 bolivianos debido a las restricciones en el abastecimiento.
Asimismo, sostuvo que se pidió al Gobierno nacional instalar reuniones y acuerdos con aquellos sectores cuyas demandas consideró justificadas. Sin embargo, diferenció estas movilizaciones de la denominada “marcha de la vida”, la cual calificó como una movilización política promovida por el evismo y financiada desde el Chapare.
“El derecho se superpone al de otra persona, creo que las instancias, tanto policía como Fuerzas Armadas, tienen que actuar de manera inmediata”, afirmó el legislador, al señalar que quienes exigen únicamente la renuncia del presidente y buscan “romper con la democracia” deben enfrentar procesos judiciales.
El parlamentario sostuvo que las personas que, en su criterio, incurren en “sedición” deben ser arrestadas y sancionadas con penas de cárcel. “Eso es sedición y eso tiene que ser pagado con cárcel”, enfatizó.
En relación al Gobierno nacional, Fuenzalida consideró necesario un cambio de gabinete y planteó la conformación de un equipo ministerial “mucho más político”, cuyos integrantes asuman directamente el diálogo y las soluciones a las demandas de los distintos sectores.
Como ejemplo, mencionó a la ministra de Educación, cuestionando la ruptura del diálogo con el magisterio. “Ella tiene que ser la principal encausadora de poder tener las reuniones y llegar a acuerdos con este sector”, declaró.
El diputado también afirmó que al Gobierno le ha faltado firmeza para evitar que las movilizaciones se prolonguen y para ofrecer soluciones concretas. A su juicio, el Ejecutivo debe enfocarse en el “país productivo”, en los sectores que desean trabajar y desarrollarse, y no en grupos que, según dijo, se movilizan políticamente y reciben pagos diarios.
Fuenzalida reconoció que existen sectores con demandas legítimas, como el magisterio, aunque señaló que estas no pueden resolverse de manera inmediata. En ese sentido, indicó que deben programarse acuerdos progresivos para atender sus necesidades.
Sobre la denominada “marcha de la vida”, reiteró que se trata de una movilización “directamente política”, financiada desde el Chapare con “recursos oscuros” y orientada, según afirmó, a romper el orden democrático. “Ellos tienen que cumplir con lo que corresponde, que es juicios y cárcel”, sostuvo.
Consultado sobre las declaraciones del vicepresidente respecto a los operativos de desbloqueo y las denuncias de vulneración de derechos, el legislador afirmó que muchas de sus declaraciones “no tienen fundamento”.
“Creo que tiene que asesorarse de buena manera. Creo que lo que tiene que él pelear es porque la democracia se cumpla”, manifestó Fuenzalida, añadiendo que el vicepresidente debe priorizar el progreso del país y evitar mayores conflictos.
Respecto al accionar de la Policía y las Fuerzas Armadas en los desbloqueos, el diputado aseguró que la verdadera vulneración de derechos la sufren las personas afectadas por los bloqueos, especialmente en La Paz y Oruro.
“Ciudad de La Paz no se puede ni movilizar, no pueden conseguir alimentos”, afirmó, agregando que incluso existe preocupación por la escasez de oxígeno, según declaraciones de la ministra de Salud.
Finalmente, recordó que en la última sesión de la Cámara de Diputados se solicitó acelerar el tratamiento de una ley antibloqueos. Según explicó, el derecho a la protesta está respaldado por la Constitución Política del Estado, pero sostuvo que afectar los derechos de otras personas no puede ser permitido.
“Creemos que es necesario que se siga tratando y a partir de ahí poder tener también una medida que permita que no se afecte a los derechos de las demás personas”.
