Por: Ruth N. Oblitas Q.
El jueves 14 de mayo de 2026, aproximadamente a las 15:00 pm, mineros cooperativistas y el magisterio (rural y urbano) salieron a las calles del centro de La Paz. Exigían respuestas sobre el incremento salarial, la crisis económica y la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Lo que comenzó como una voz de reclamo terminó desbordándose en una jornada marcada por la tensión y violencia.
Hubo golpes, dinamitazos, ataques con piedras y agresiones a periodistas, transeúntes, vendedores ambulantes y estudiantes. No queremos diálogo, queremos la renuncia del presidente; pollo incapaz, ¿por qué no te vas?; gobierno traidor; abrogación de las leyes que hambrean al pueblo fueron algunos de los estribillos que gritaron los grupos movilizados mientras se enfrentaban con la policía.
El conflicto se prolongó más de dos horas. El aire se volvió denso; los agentes emplearon gases para dispersar a la multitud, los químicos utilizados irritaban los ojos, la garganta e impedían la respiración. Según las autoridades, el uso de gases lacrimógenos es el arma menos letal porque sus síntomas son temporales y se reducen al apartarse del área contaminada; sin embargo, la evidencia científica recuerda que la exposición directa puede dejar secuelas en los pulmones y heridas que no siempre se ven en la nota de prensa del día siguiente.
A las 16:45 los enfrentamientos se trasladaron hacia la calle Bueno y Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA; mientras que, en la calle Potosí, una mujer indígena de pollera, con sombrero, un aguayo al hombro y una canastilla de dulces, caminaba desesperadamente preguntando a cada transeúnte si alguien había visto a sus hijos. Estaba vendiendo a los mineritos y de pronto han subido; en ese rato se han perdido. No sé dónde están, no hay mis wawitas, decía entre lágrimas.
La búsqueda angustiosa de esa madre, que perdió temporalmente a sus hijos durante la gasificación, puso en evidencia la otra cara de la protesta; la de quienes no participan en la disputa política pero son empujados al peligro por la necesidad de llevar el pan a la mesa y sobrevivir un día más.
Por un lado están los sectores que reclaman derechos y mejoras económicas, dispuestos a presionar hasta con violencia; por otro, un gobierno que implementa ajustes impopulares con decretos que sorprenden y generan más tensión social. Entre ambos, como siempre, quedan las víctimas colaterales, trabajadores informales, vendedoras ambulantes, niñas y niños trabajadores. Son quienes no eligen la movilización pero pagan sus costos; son quienes pierden la tranquilidad y, a veces, incluso la seguridad por el simple hecho de intentar ganarse el sustento diario.
