Colectivos y activistas de la comunidad LGBTIQ+ cuestionaron que la propuesta de “Innovación Humana” impulsada por el alcalde César Dockweiler termine excluyendo a las diversidades sexuales, tras la decisión de eliminar la Unidad de Diversidades Sexuales de la estructura administrativa de la Alcaldía de La Paz.
A través de un pronunciamiento público, señalaron que la supresión de esta instancia representa un retroceso institucional y una señal de exclusión hacia una población históricamente vulnerable. Asimismo, advirtieron que la medida vulnera la Ley Municipal Autonómica 311, normativa que establece la implementación de políticas públicas de protección e inclusión para las diversidades sexuales y de género.
Según el documento difundido este fin de semana por el colectivo Wiñay Wara DSG en sus redes sociales, eliminar la unidad especializada debilita la capacidad institucional del municipio para atender casos de discriminación y violencia, además de reducir los espacios de participación de las diversidades sexuales en la gestión pública local.
“Este es el momento de defender lo avanzado e impedir que la regresividad de derechos se normalice bajo decisiones administrativas que afectan directamente a poblaciones históricamente vulneradas”, señala el pronunciamiento.
En ese contexto, convocaron a organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas, plataformas ciudadanas e instituciones nacionales e internacionales a pronunciarse y sumarse a la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+ en el municipio paceño.
“Hoy más que nunca necesitamos unidad, vigilancia y acción conjunta para defender la dignidad y los derechos de la población LGBTIQ+”, concluye el documento.
La Unidad de Diversidades Sexuales había sido creada como una instancia municipal destinada a promover políticas de inclusión, prevención de la violencia y atención a denuncias de discriminación dentro de la ciudad de La Paz.
Las organizaciones recordaron que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la igualdad, la no discriminación y la participación de todas las personas en la administración pública, principios establecidos en los artículos 14 y 241 de la Carta Magna.
Asimismo, señalaron que la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación obliga a las instituciones públicas a promover políticas inclusivas y garantizar protección a poblaciones vulnerables.
Añadieron que la decisión municipal contradice compromisos asumidos por el Estado boliviano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y principios establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomiendan fortalecer mecanismos institucionales de protección para personas LGBTIQ+ y evitar medidas regresivas en materia de derechos humanos./abi
