La Brigada Parlamentaria de Tarija, liderada por su presidente Gabriel Corvera, presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) ante la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de conocer los fundamentos legales y procedimientos aplicados en el proceso judicial contra 12 comunarios de Tariquía, quienes enfrentan un juicio oral tras participar en acciones de defensa de la reserva natural.
La solicitud busca esclarecer los criterios utilizados por el Ministerio Público, particularmente en relación a la decisión de procesar a 12 personas, mientras que otras 5 fueron sobreseídas dentro del mismo caso.
El presidente de la Brigada explicó que esta acción forma parte de una estrategia institucional más amplia, orientada a garantizar el respeto de derechos y la transparencia en los procesos judiciales, además de generar insumos que puedan ser utilizados en instancias nacionales e internacionales.
“Estamos solicitando conocer cuál ha sido el criterio y los procedimientos para enjuiciar a 12 comunarios que defendieron la reserva de Tariquía, así como por qué de 17 personas, cinco han sido sobreseídas y 12 continúan en este proceso”.
Asimismo, remarcó que esta situación podría estar vulnerando normativas nacionales e internacionales.
“Existe una ley que protege a quienes defienden el medio ambiente. No pueden ser enjuiciados por ejercer esa defensa. Por eso no solo nos solidarizamos, sino que estamos realizando acciones concretas”.
En el marco de esta labor, se destacó el trabajo coordinado con el Ilustre Colegio de Abogados de Tarija, que ha conformado un equipo de defensa legal especializado para acompañar a los comunarios.
El presidente de dicha institución, Fernando Valverde, señaló que existe preocupación por la criminalización de la protesta social, indicando que los comunarios habrían actuado en defensa de su territorio frente a actividades que, según denunció, presentan irregularidades en su ejecución.
“Los pobladores de Tariquía han realizado una protesta pacífica, sin embargo, se ha criminalizado esta acción. Existen múltiples irregularidades en los procedimientos, desde el uso de suelo hasta las consultas previas”, sostuvo.
Asimismo, se advirtió sobre posibles inconsistencias en procesos relacionados con el uso de suelo, consulta previa y autorizaciones, lo que refuerza la necesidad de un análisis profundo y transparente del caso.
Desde la Brigada Parlamentaria se remarcó que estas acciones no buscan frenar el desarrollo, sino garantizar que cualquier actividad se realice en el marco de la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
Finalmente, se ratificó el compromiso de continuar impulsando acciones legales, institucionales y de fiscalización en defensa de Tariquía, sus comunidades y sus recursos naturales.
