El analista económico de Tarija, Roberto Castillo, afirmó que la pérdida de la demanda referida a los fondos de pensiones afecta directamente a Bolivia, atribuyendo esta situación a una mala gestión del anterior gobierno, especialmente en la transición de las aseguradoras privadas hacia las gestoras estatales.
“Se considera que, tras la pérdida de la demanda de los fondos de pensiones, quien ha resultado afectado es Bolivia, debido a una mala gestión del anterior gobierno”, señaló, indicando además que el procedimiento fue mal aplicado desde el año 2010, lo que evidencia una gestión ineficiente.
En ese contexto, explicó que esta situación implica un costo superior a 105 millones de dólares para el país, en cumplimiento de un dictamen internacional. “El actual gobierno debe asumir esta obligación, lo que incrementará la presión sobre el déficit fiscal”, sostuvo, advirtiendo que esto podría obligar al uso de reservas internacionales o a la contratación de nuevo endeudamiento.
Respecto al incremento salarial planteado por la Central Obrera, que propone al menos un 20%, Castillo consideró que la medida es inviable, debido a que el país enfrenta un déficit cercano al 9% y una proyección de decrecimiento del PIB del 3,2%. “Un aumento de esta magnitud agravaría el déficit y no sería sostenible en el tiempo”, afirmó.
Asimismo, indicó que, si bien un incremento podría restituir el poder adquisitivo, en el contexto actual podría generar una mayor fractura económica, ya que beneficiaría a un sector de la población sin garantizar estabilidad general.
En relación a la inflación, advirtió que podría superar el 20%, en niveles similares al año anterior, debido a la falta de recuperación del aparato productivo y a la ausencia de incentivos a la inversión. “El Estado está asumiendo obligaciones de gestiones anteriores, lo que limita la disponibilidad de recursos para inversión pública”, explicó.
Finalmente, señaló que el gobierno debe cumplir con el laudo arbitral internacional, lo que podría implicar la reasignación de recursos destinados a inversión para cubrir esta deuda, generando mayores presiones sobre la economía nacional.
