El analista Esteban Ortuño afirmó que cualquier intento de promover un juicio de responsabilidades contra el presidente Rodrigo Paz debe sujetarse estrictamente a las normas jurídicas establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE) y no puede llevarse adelante únicamente a partir de una determinación de una sala constitucional.
Ortuño explicó que, para que una instancia constitucional pueda disponer acciones que involucren a la Asamblea Legislativa Plurinacional, primero debe cumplirse una serie de requisitos y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico boliviano.
En ese sentido, señaló que la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades contra el mandatario requiere seguir los mecanismos constitucionales correspondientes, respetando las competencias de las diferentes instituciones del Estado y las garantías del debido proceso.
El analista remarcó que una sala constitucional no puede simplemente ordenar la realización de un juicio de responsabilidades al margen de la Constitución, por lo que cualquier resolución en ese sentido tendría que estar respaldada por las normas que regulan el procesamiento de altas autoridades del Estado.
Ortuño sostuvo que el análisis de este tipo de determinaciones debe realizarse desde el punto de vista estrictamente jurídico, considerando las atribuciones establecidas para el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como los procedimientos específicos previstos para un eventual juicio de responsabilidades.
