La concejal municipal de Tarija, Raquel Ramos, manifestó que el Gobierno Municipal no publicó el decreto edil que facultaba la contratación del sistema de fotomultas en la ciudad, lo que, según explicó, impedía la vigencia legal del proyecto.
Ramos señaló que esta omisión administrativa pone en evidencia una irregularidad en la aplicación del programa, que generó molestias y perjuicios económicos a los ciudadanos tarijeños. “Al no haberse publicado el decreto edil, el contrato no tenía validez efectiva; ahora queda en manos de la Alcaldía decidir si lo publica o no”, sostuvo.
La concejal agregó que, si la Alcaldía decide no publicar el decreto, se estaría resarciendo el daño económico causado a la población, tras la implementación de las fotomultas. Estas declaraciones surgen luego de conocerse la disolución del contrato por resolución del Tribunal de Justicia, que determinó la suspensión del convenio con la empresa encargada del sistema.
Ramos pidió finalmente que el municipio actúe con transparencia y evalúe mecanismos legales para evitar que se repitan este tipo de situaciones que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos.
