Las llamadas ‘autoridades’, presidente, parlamentarios, gobernadores y alcaldes deben recordar que son servidores públicos, no privilegiados ni benefactores. Su función es trabajar por el bien común y no nos hacen un favor cuando cumplen con su deber.
Gobernar, legislar, atender a las regiones o vecinos, incluso hasta el mantener limpias las calles o mejorar los servicios no son gestos de generosidad alguna, son obligaciones que asumieron al aceptar el cargo, sea este electo o por nombramiento a dedo -léase favor político-.
Lamentablemente, algunos funcionarios actúan como si trabajar fuera un acto de gracia, cuando en realidad es una responsabilidad por la que reciben un salario -y otras dadivas- que es pagado con los impuestos de todos.
Necesitamos autoridades con vocación de servicio, que escuchen, gestionen y rindan cuentas, no que se crean dueños del poder que una vez en el cargo incluso se olvidan que el mismo es efímero.
El respeto a la ciudadanía se demuestra con hechos como eficiencia, transparencia y humildad. Servir al pueblo no es una carga como algunos pretenden hacernos ver, sino un honor.
