Asambleísta de Tarija exige sanciones por daño económico de 30 mil bolivianos causado por desvinculación irregular a un trabajador

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La asambleísta del MAS, Romina Salazar, denunció públicamente un nuevo caso de daño económico al departamento, exigiendo responsabilidades claras y señalando directamente a funcionarias que habrían actuado sin respaldo jurídico adecuado en la desvinculación de un trabajador, generando una deuda de 30.000 bolivianos que ahora debe ser resarcida.

“En este caso es de una sola persona por 6 meses: 30.000 bolivianos. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad?”, cuestionó Salazar, indicando que ya se ha enviado una petición de informe escrito, y que se espera una respuesta del área jurídica.

La legisladora fue enfática al advertir que no se va a seguir encubriendo responsabilidades y que ya se está preparando una denuncia ante la Contraloría. “No vamos a tolerar”, dijo, “vamos a poner una denuncia a la Contraloría contra el área jurídica, porque aquí no se va a seguir tapando”.

En su declaración, también hizo mención a otros casos similares, incluyendo el del SEDECA, y exigió que se informe si ya se han iniciado acciones de repetición contra los autores de los daños económicos.

Salazar identificó a la licenciada Valentina Centeno Rivera, directora departamental de Recursos Humanos, como una de las personas que tenía conocimiento de la situación y firmó los informes legales que habrían justificado la desvinculación del funcionario. “Obviamente sí se está afectando”, dijo, refiriéndose a los derechos del trabajador que fue posteriormente reincorporado.

La asambleísta concluyó su declaración con firmeza: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, asegurando que los legisladores están actuando conforme a su deber y que “alguien tiene que responder” por los errores administrativos que siguen generando perjuicio económico al departamento.

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