El dirigente del barrio San Marcos, Rodrigo Castillo, expresó su profunda preocupación por la difícil situación económica que atraviesan los sectores más vulnerables de la población. En sus declaraciones, enfatizó su compromiso con la defensa de quienes más sufren las consecuencias de la crisis.
“Estamos preocupados por la situación que vive la gente más humilde, ya que yo voy a ser siempre portavoz de la gente más humilde, no de los que tienen dinero”, afirmó Castillo, haciendo eco de las quejas que recibe de los vecinos sobre el incremento constante de los precios de los productos básicos.
Mencionó que la carne no ha bajado, el puchero continúa a 28 bolivianos, y productos esenciales como el arroz, el fideo y el pollo llegan hasta los 25 bolivianos el kilo. Además, el aceite se mantiene a 20 bolivianos en las tiendas de barrio. Frente a esta situación, apuntó directamente al Gobierno nacional como responsable de lo que calificó como una crisis “infraccionaria”.
Castillo relató que, junto a otros dirigentes barriales, han coincidido en la necesidad de elevar su voz:
“Nosotros hemos quedado con varios dirigentes del barrio el cual dice que al señor presidente del Estado Plurinacional, nuestros señores diputados y senadores y asambleístas: el pueblo ya no aguanta más. Hoy nos dirigimos a ustedes con el dolor de la patria que sufre, con la voz de los barrios que ya no tienen qué comer y qué poner en la mesa”.
Con indignación, denunció que mientras algunos se enriquecen, “otra gente está muriendo de hambre”. Por ello, propuso que el salario tope sea de 15.000 bolivianos y que a partir de ese monto se regulen todas las escalas salariales del sector público. Asimismo, exigió una reforma salarial, el recorte de privilegios de los funcionarios públicos y una sanción más dura contra los corruptos:
“Treinta años de cárcel sin derecho para los corruptos, a mi parecer yo propondría pena de muerte como hay en Chile por la ONU y varias instancias más. No se puede, podemos matar a los corruptos para que no roben a la población”.
En esa línea, desde el Comité de Defensa de la Canasta Alimentaria, también plantean el cierre de empresas estatales deficitarias, el despliegue de regimientos militares en fronteras para frenar el contrabando, además de políticas claras para generar empleo.
Finalmente, Castillo adelantó que todas estas propuestas serán presentadas de manera formal al Gobierno, solicitando con firmeza pero también con respeto:
“Pedimos con humildad que se la cumpla”.
