La responsable de Defensa al Consumidor en Tarija, Silvia Palacios, informó que durante esta semana se recibieron dos nuevas denuncias formales contra la Fundición Camiri, relacionadas con la falta de cumplimiento en la entrega de lápidas funerarias previamente pagadas por los consumidores. La situación se agrava tras revelarse que la propietaria del establecimiento amenazó a Palacios en un intento de frenar la difusión pública del caso.
Según relató Palacios, una de las denuncias data del mes de diciembre, cuando un ciudadano entregó un adelanto de 2.000 bolivianos, seguido de otros 2.000 bolivianos para la elaboración de una lápida. A pesar del tiempo transcurrido, siete meses después, la pieza aún no ha sido entregada y tampoco se ha realizado la devolución del dinero. En una segunda denuncia, otro consumidor pagó 3.300 bolivianos para una lápida que nunca recibió, y hasta la fecha tampoco se ha efectuado el reembolso.
“Son casos muy sensibles, porque no solo involucran un tema económico, sino también el dolor de las familias que están en duelo y esperan algo tan significativo como una lápida. Es inaceptable este nivel de irresponsabilidad”, expresó Palacios.
La situación tomó un giro aún más preocupante cuando, tras apersonarse a la fundición y acordar que la devolución del dinero se realizaría el pasado miércoles, la propietaria de Fundición Camiri se presentó un día antes en las oficinas de Defensa al Consumidor con amenazas directas. “Me dio un plazo de cuatro días para que esto no se haga viral en redes sociales y me advirtió que, de no cumplir, atentaría contra mi vida”, denunció la funcionaria.
Palacios lamentó que, en lugar de asumir responsabilidad y cumplir con lo acordado con los clientes, la propietaria recurra a amenazas. “Es indignante que después de incumplir con quienes confiaron en ella, venga a amenazarme por hacer mi trabajo. Esta persona ya arrastra denuncias anteriores, algunas de las cuales ha resuelto con devolución de dinero, pero en otras simplemente no cumplió”, señaló.
Desde Defensa al Consumidor se hará el seguimiento correspondiente y se tomarán las medidas legales necesarias para resguardar la integridad de la funcionaria y exigir que se respeten los derechos de los consumidores afectados.
