La presidenta de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija (CAINCOTAR), Marina Ruiz, expresó su profunda preocupación ante el posible anuncio de un nuevo incremento salarial, al considerar que esta medida, en el actual contexto económico, podría generar el cierre masivo de empresas en el departamento y el despido de cientos de trabajadores.
Ruiz lamentó que el Gobierno nacional insista en aplicar un ajuste salarial sin considerar la crítica situación financiera que atraviesa el país, y particularmente el sector productivo tarijeño, que se ha visto fuertemente golpeado por la inflación, la falta de dólares, el contrabando y la baja inversión pública.
“Lo que ocurrió con Pepsi o Ketal podría replicarse en nuestro departamento”, advirtió, en referencia a los recientes casos de empresas que cerraron sus operaciones en otras regiones del país, dejando sin empleo a cientos de personas.
La representante empresarial fue enfática al señalar que muchas pequeñas y medianas empresas en Tarija apenas logran sostener sus operaciones, y un incremento en sus costos fijos —como es el salario— podría significar su quiebra inmediata.
“Lamentamos que, pese a la grave crisis que atraviesa el país, se anuncien decisiones unilaterales que afectan a la estabilidad económica”, manifestó Ruiz, al recordar que el sector privado no fue convocado para participar en el proceso de concertación del nuevo salario mínimo nacional ni del haber básico.
Desde la CAINCOTAR se exhorta al Gobierno central a reconsiderar esta política y a abrir un debate técnico y transparente en el que se incluya la voz de los empresarios, para encontrar soluciones que preserven el empleo sin poner en riesgo la continuidad de las empresas.
“Pedimos al Gobierno abrir un nuevo debate sobre el incremento salarial, esta vez con la participación del sector privado, que es el que genera empleo y dinamiza la economía real”, concluyó.
La situación ha generado alarma entre los gremios empresariales del sur del país, que advierten que una medida mal calibrada podría acelerar el cierre de fuentes laborales formales y aumentar la informalidad, profundizando aún más la crisis estructural que afecta a la economía boliviana.
