El Juzgado de familia y civil de La Paz emitió este viernes una orden de aprehensión en contra del concejal Jorge Dulón, por una denuncia de violencia y acoso político en contra de la legisladora municipal Roxana Pérez del Castillo. Dulón es parte de la alianza del alcalde Iván Arias.
“Lamentamos mucho las constantes obstaculizaciones al no permitir el avance y la búsqueda material de la verdad, eso, sin duda, ha sido hoy (viernes) analizado y ha sido sopesado por el juez, quien ha determinado la emisión de una orden de aprehensión en contra del concejal Dulón, quien a nombre del alcalde Arias, también ejerce violencia política”, explicó Pérez del Castillo a la ABI.
Este caso data de 2022, cuando la concejal fue agredida por los funcionarios de Arias, entre ellos Dulón, quien desde el trabajo de fiscalización arremetió contra las concejalas del Movimiento Al Socialismo (MAS), en particular contra Pérez del Castillo.
“Vengo denunciando acoso político desde hace mucho tiempo. Hemos activado acciones legales, ya es más de un año de lo que está interpuesta la denuncia y hemos estado peleando para que finalmente se inicie el proceso judicial. Lamentablemente el señor Dulón no se somete al proceso y tiene una actitud soberbia y de incumplimiento”, denunció.
En el marco al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la justicia ordenó la aprehensión del concejal de la alianza del alcalde Arias.
En junio de 2022, Pérez del Castillo reveló que los actos de amedrentamiento en su contra estaban empeorando, ya que en dos oportunidades aflojaron los pernos de las llantas de su vehículo particular, llegando a atentar contra su vida.
“Tenemos informes que muestran claramente que mi persona ha sufrido atentados, no solamente han sido soltado los pernos de manera intensional, sino que se los ha roto, eso casi ocasiona que tengamos un accidente en la vagoneta”, precisó Pérez del Castillo.
Según la concejal, las acciones de acoso, violencia política y amedrentamiento empezaron desde el momento en que ejerció su trabajo de fiscalización a la administración del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a la cabeza de Arias.
Durante la última gestión, la concejal denunció que la administración edil no responde a las necesidades de la población y destapó el caso denominado “impuestazo”, a través del que el Ejecutivo edil pretendía elevar la tasa de aseo urbano desde el 84% hasta el 112%.
En su momento, denunció el incumplimiento de plazos en la construcción del Viaducto Belisario Salinas y un incremento en el presupuesto, además de la falta de infraestructura y de mantenimiento en las unidades educativas, el abandono edil de la piscina municipal de Obrajes, entre otras irregularidades.
“Este proceso no solo es a nombre mío, sino a nombre de todas las mujeres que en los diferentes espacios son agredidas y violentadas solamente por el hecho de levantar la voz y por atrevernos a ejercer cargos de poder. Esta (orden judicial) es una muestra que podemos acudir a las instancias correspondientes. Aunque tarde, la justicia llega”, aseveró.
