Primeramente, el gobierno conformó una comisión para que proponga una reforma integral de la justicia, la que solo se reunió un par de veces desde la designación de sus miembros y, al parecer, ya no funcionará. Ahora se habla de un referéndum impulsado por un grupo de juristas independientes, como un mecanismo directo para introducir cambios en la justicia.
Es que por supuesto que hay preocupación. Sin Poder Judicial separado y autónomo, es decir sin injerencias políticas, no hay democracia. En efecto, la Carta Democrática Interamericana, suscrita unánimemente por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ratifica que uno de los elementos constitutivos de la democracia, es “la separación e independencia de los poderes públicos” (Art. 3º).
No es un secreto para nadie que la conducta de los miembros de la judicatura en los más de quince años de gobierno del MAS, fue obsecuente, ocasionado la desconfianza en los ciudadanos.
Uno de los juristas impulsores, Juan del Granado, a tiempo de celebrar la apertura de libros en todo el país para recolectar firmas de apoyo ciudadano, manifestó que se trata de una gran cruzada nacional que debería concretarse en tres meses. En ese tiempo deben reunir 1.5 millones de firmas para asegurar -según dijo- que las elecciones de este fin de año se realicen con nuevas normas y los nuevos jueces tengan un presupuesto suficiente para una justicia digna.
Pero desde el Gobierno, el ministro de Justicia Iván Lima, sostuvo que la agenda de los juristas independientes está desfasada, porque el Órgano Electoral ya dijo que necesita en abril la lista de candidatos a magistrados para organizar las elecciones judiciales en diciembre próximo.
Ante eso se podría calificar como venta de humo y una falsa reforma judicial la campaña ofertada por ese grupo de juristas independientes, en razón a que la propuesta de cambiar la justicia es lenta, tardía, inoportuna e ineficiente porque no se aplicará de manera inmediata ya que la reforma, aún si se aprobara en un referéndum, recién se aplicaría el año 2029.
